El PSC intenta influir en el Gobierno para buscar perfiles en el Constitucional que suavicen la posición del tribunal frente al soberanismo catalán

Representantes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han mantenido conversaciones con el Gobierno para tratar de incorporar la situación política catalana tras el procés como un elemento a tener en cuenta en la renovación del Tribunal Constitucional, conscientes del papel determinante del tribunal de garantías en asuntos clave que están pendientes de sentencia, como la cuestión lingüística en el sistema educativo catalán. El objetivo de los dirigentes socialistas catalanes que han hablado con el Gobierno para tratar de influir en la decisión final es favorecer que el Constitucional sume a su nueva composición sensibilidades abiertas a un desarrollo del autogobierno, según fuentes conocedoras de estos contactos. La intención es que, en una fase de superación de las tensiones del procés, el tribunal deje atrás la etapa en la que ha tenido como función esencial la de ser el último dique contra el independentismo y dé inicio a otra en la que favorezca interpretaciones y soluciones “integradoras”.

Para favorecer ese cambio se están estudiando con detalle los perfiles de los candidatos a acceder al Constitucional. El Gobierno tiene que nombrar a dos magistrados para este órgano y en este momento está recibiendo muchas sugerencias, no solo del PSC, también de otros dirigentes socialistas y de los propios magistrados interesados o de personas cercanas, e incluso de los que representan a distintos grupos de jueces especializados: fiscalistas, penalistas, laboralistas, administrativistas. En el caso del PSC, las conversaciones se están produciendo, en especial, con su primer secretario, el exministro de Sanidad Salvador Illa. Todo ello facilitado por la presencia en el Gobierno del antecesor de Illa al frente del PSC: el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta. La intención del Ejecutivo y del PSC no es, ni mucho menos, subrayan las mismas fuentes, situar en el tribunal a un jurista partidario del derecho de autodeterminación, sino reducir las polémicas y fricciones. El Gobierno insiste además en que la decisión no está tomada y hay muchos posibles candidatos encima de la mesa con todo tipo de perfiles.

El Ejecutivo está esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene previsto un pleno el día 8, elija a los dos magistrados que le corresponde renovar. Una vez queden designados, y en función de los perfiles elegidos, el Gobierno tomará la decisión sobre los dos que le tocan. El Ejecutivo confía en que el CGPJ renueve a dos miembros del Constitucional con un magistrado conservador y otro progresista tras un pacto interno de los dos sectores, como se ha hecho siempre, aunque hasta que llegue el pleno del día 8 habrá muchos movimientos, especialmente en una parte del sector conservador, cercana al PP, que rechaza la renovación.

Cuando esos cuatro nombramientos se materialicen, el tribunal pasará previsiblemente de tener una mayoría conservadora a una progresista. En este momento parte con buenas posibilidades de prosperar la candidatura del magistrado José Manuel Bandrés, miembro de la Sala de lo Contencioso del Supremo. También la de Ángeles Huet, magistrada de la misma Sala y que votó en contra de admitir los recursos contra los indultos a los condenados por el procés. Luego Huet fue sustituida en ese cargo por la magistrada Inés Huerta, cuyo voto cambió la decisión anterior del tribunal y supuso la admisión a trámite de dichos recursos. Huet también opta ahora a acceder al Constitucional.

La importancia de acompasar la actividad del Constitucional con la superación de las consecuencias del procés ha sido percibida desde hace tiempo desde dentro del propio tribunal de garantías. Ello ha determinado que el borrador de la sentencia sobre la reforma educativa de la ley Celáa, por ejemplo, lleve más de un año redactado, sin haber sido sometido a debate para su eventual aprobación. Dicho fallo debe entrar en asuntos especialmente delicados, como el tratamiento de la escuela concertada o la cuestión lingüística, en un momento de tensión a propósito de la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impartir al menos un 25% de asignaturas en castellano para garantizar la condición de vehicular de esta lengua.

El Constitucional ha establecido en diversas ocasiones —y de forma especialmente tajante en la sentencia de 2010 sobre el Estatut— que el castellano tiene que ser lengua vehicular en los colegios de Cataluña (en la actualidad solo lo es el catalán). Nunca ha fijado, sin embargo, un porcentaje mínimo de presencia del castellano en las aulas: eso lo hizo en 2014 el Tribunal Superior de Cataluña —y lo ratificó el Supremo— porque la Generalitat se negaba a reconocerle presencia alguna, más allá de la asignatura de Lengua Castellana. El borrador de sentencia sobre la ley Celáa ―a cargo del magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador— tampoco entraba en la cuestión de los porcentajes.

Ese texto, en todo caso, no ha sido llevado al pleno del Constitucional, cuya actual mayoría es conservadora. Fuentes del propio tribunal admiten que en la decisión de abrir un tiempo de reflexión sobre este fallo influyó la voluntad de no introducir más tensión, tras los fuertes enfrentamientos internos que provocó la sentencia por la que en 2021 se declaró inconstitucional el estado de alarma acordado para hacer frente a la pandemia.

En noviembre de 2021 fueron renovados, con más de dos años de retraso, cuatro de los 12 magistrados del Constitucional, lo que supuso, entre otras, la salida de la vicepresidenta Encarna Roca. Su sucesor en el cargo, Juan Antonio Xiol, del sector progresista, es en este momento el único magistrado del Constitucional de origen catalán. Xiol ha sido el autor de todos los votos particulares que han cuestionado la sentencia del Supremo sobre el procés, sin contradecir la existencia de un delito de sedición, pero considerando desproporcionadas las penas impuestas. ERC y Junts han celebrado dichos votos particulares, en la medida en que la defensa de los condenados podrá utilizarlos como argumento clave de sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Xiol es uno de los cuatro miembros del Constitucional cuyo mandato terminó en junio pasado, junto a los del presidente, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares, estos tres últimos del sector conservador.