El PSOE acusa a Casado de desconocer el funcionamiento del Congreso por pedir que se reabra

El PP no quiere treguas en el Parlamento. Lo hizo durante las vacaciones de verano y lo ha repetido ahora: exigir que el Congreso “se abra” durante enero, mes inhábil a efectos ordinarios en la Cámara. “España no está para que el Gobierno se vaya de vacaciones”, tuitéo el domingo el presidente del PP, Pablo Casado, poco antes de anunciar que se ponía en cuarentena al dar positivo por covid. El Ejecutivo replica que la Cámara, aun fuera del periodo de sesiones, no estará paralizada y que este mes se acelerarán los trabajos de tres leyes, además de celebrarse un Pleno extraordinario a fin de convalidar el último decreto con ayudas a la isla de La Palma. “[Casado] no debe de estar al tanto de la actividad parlamentaria”, ironizó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Cada vez que llega un periodo de asueto, el PP pone en marcha el mismo discurso: el Gobierno se va de vacaciones mientras graves problemas acucian a los españoles. El guion del pasado agosto se repite ahora en enero, otro mes excluido de los periodos de sesiones del Congreso. “Que sea así no es un capricho del Gobierno, ni de la dirección de la Cámara, lo dice la Constitución”, subraya el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. El artículo 73 de la Ley Fundamental establece que habrá dos periodos ordinarios de sesiones, de febrero a junio y de septiembre a diciembre. “Pero eso no quiere decir que el Congreso esté cerrado”, advierte Simancas.

Antes de final de año, el Ejecutivo ya se había dirigido a la presidencia de la Cámara para pedir que se activasen de forma extraordinaria algunas actividades en enero. La producción legislativa es uno de los sellos que exhibe el Gobierno y ahora espera darle un empujón, ya desde la próxima semana, con los trabajos en comisión sobre los proyectos de libertad sexual, de igualdad de trato —la bautizada como ley Zerolo— y el que suprimirá el voto rogado para los residentes en el extranjero. También está convocada para el día 18 una subcomisión que preside el diputado de Más País Íñigo Errejón con el propósito de elaborar un informe sobre los organismos independientes asociados a la Administración, muy contestado por la derecha, que lo considera un intento de intromisión gubernamental. El Gobierno esgrime además que tres ministros, los de Cultura, Educación y Ciencia, comparecerán este mes en el Senado.

Con estos datos, la parte socialista del Ejecutivo replica a las embestidas de Casado y lo acusa de desconocer el funcionamiento parlamentario. “O eso o es que está como siempre con una política de confrontación en la que quiere dar la impresión de que los miembros del Gobierno no están al pie del cañón”, defendió María Jesús Montero en declaraciones en Sevilla.

El PP ha tomado además la iniciativa para forzar un debate en la Diputación Permanente de la Cámara. Los populares han presentado tres solicitudes para que ese órgano, el de máxima decisión del Congreso fuera de los periodos de sesiones, reclame explicaciones al Gobierno sobre la gestión de los fondos europeos, las medidas para hacer frente a la sexta ola de la pandemia y la inflación galopante. Los populares acusan al presidente Pedro Sánchez de no actuar frente a la gran explosión de contagios de las últimas semanas. “Tenemos el virus más rápido de la historia y tenemos al presidente del Gobierno más rápido en derivar, en lavarse las manos con este asunto, a las comunidades autónomas”, declaró en Segovia el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.

Entre los demás grupos de la oposición, Ciudadanos también pidió este lunes a comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique la oposición del Gobierno a la propuesta de la Comisión Europea para incluir la energía nuclear entre las catalogadas como verdes.

El propio Ejecutivo necesita activar al Congreso antes de final de enero para celebrar un pleno extraordinario, ya que tiene pendientes de convalidación cinco decretos leyes y al menos uno de ellos, el que fija ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma, debe aprobarse este mes. El desastre en la isla canaria tampoco ha quedado fuera de la amplia órbita opositora del PP. Maroto definió así la actuación de Sánchez en La Palma: “Mucha foto, mucho viaje, cero euros”.

De entre esos cinco decretos pendientes, hay dos que han suscitado críticas entre los aliados habituales del Gobierno: el que impone el uso de mascarillas en la calle y la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal. Esta última requerirá de un gran esfuerzo negociador de PSOE y Unidas Podemos, sobre todo con sus dos socios principales, ERC y PNV, que exigen cambios en el texto. La previsión del Ejecutivo es estirar al máximo los plazos legales —un mes, descontando domingos y festivos, desde la publicación en el BOE— y no someter el decreto al refrendo de la Cámara hasta el primer pleno ordinario, ya a comienzos de febrero.

Para mostrar que la oposición no se detiene en el Congreso, el PP acaba de registrar una proposición de ley con el fin de crear un cuerpo de Alta Inspección Educativa y otorgarle una misión principal: “Garantizar que los alumnos puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, residan donde residan, de acuerdo con las disposiciones vigentes”. Esos inspectores se encargarían además de velar por la “neutralidad ideológica” en las aulas y por que los currículos educativos, los libros de texto y el material didáctico de cada comunidad autónoma se adecuen “a lo dispuesto por el ordenamiento estatal”.

La estrategia opositora del PP genera un debate permanente en el partido, al que este lunes se sumó la FAES. En un editorial, la fundación que preside José María Aznar aboga por una oposición de “componente propositivo” para construir “una alternativa que centre su proyecto en una propuesta nacional”.