CASO GÜRTEL

La Fiscalía pide el ingreso en prisión de los siete condenados a más de cinco años por el ‘caso Gürtel’ que siguen libres

Anticorrupción argumenta su petición, que afecta a la esposa de Bárcenas, en el riesgo de fuga

Rosalía Iglesias sale de un vehículo, ayudado por su hijo, el pasado 15 de octubre, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo.
Rosalía Iglesias sale de un vehículo, ayudado por su hijo, el pasado 15 de octubre, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo.GSLV / GTRES

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional el ingreso inmediato en prisión de los siete condenados por la primera época de la trama Gürtel a los que el Tribunal Supremo impuso penas superiores a los cinco años de cárcel y que aún están en libertad. Se trata de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas y condenada a 12 años y 11 meses de prisión; Carmen Rodríguez Quijano, esposa del cabecilla de la trama, Francisco Correa (17 años y 8 meses); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (17 años y dos meses); el antiguo contable de la trama, José Luis Izquierdo (13 años y seis meses); el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (7 años y 9 meses); y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

En una nota publicada este miércoles, la Fiscalía fundamenta su decisión en “la naturaleza y entidad de los delitos y la gravedad de las penas confirmadas por el Tribunal Supremo”. Y recalca que “a mayor gravedad del delito, más intensa cabe presumir la tentación de huida”. De este modo, Anticorrupción corrige el anuncio hecho ayer en otra nota, en el que planteaba pedir prisión para todos aquellos que hubieran tenido condenas superiores a los tres años de prisión, lo que incluía a otros tres condenados.

La Fiscalía también recuerda que otros siete condenados ya están en prisión, bien por esta causa o por otras piezas del caso Gürtel ya juzgadas. Bárcenas (condenado a 29 años y un mes de prisión), el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses), y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (27 años y tres meses) están recluidos en el Centro Penitenciario de Soto del Real. Correa (51 años) y su número dos, Pablo Crespo (36 años y ocho meses), cumplen esta y otras condenas en la cárcel de Valdemoro, mientras que el cerebro financiero de la trama, Luis de Miguel (9 años y un mes), lo hace en el penal de Navalcarnero.

La última es Isabel Jordán, empleada de las empresas de la trama Gürtel, que ya cumplía otra pena por el caso Fitur, otra pieza del sumario de la Gürtel, aunque en su caso en tercer grado o semilibertad. Fuentes penitenciarias apuntan que con la condena de 14 años y 11 meses impuesta por el Supremo, su situación será revisada y, previsiblemente, pierda este beneficio y reingrese en la cárcel de mujeres de Alcalá.

En su sentencia de la semana pasada, el Tribunal Supremo condenó a 29 personas con penas desde los 51 años de cárcel de Correa hasta los 11 meses que impuso al concejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández. La ley deja en manos del tribunal sentenciador la posibilidad de suspender la ejecución de las penas —y, por tanto, de no ingresar en prisión— a aquellos cuyas condenas no superen los dos años de cárcel, situación en la que se encuentran nueve de los condenados.

Además, también pueden beneficiarse de esta medida aquellos que, aunque superan ese límite, lo hacen porque suman condenas por varios delitos que, en ningún caso, superan esa cifra de manera individual. Esa es la situación, por ejemplo, del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por siete delitos. Las grabaciones que hizo Peñas a los dirigentes de la trama permitieron destapar la red. En 2018 la Fiscalía ya anunció que apoyaría una petición de indulto para él. Una plataforma recoge firmas en Internet a favor de la medida de gracia, que depende del Gobierno.

No obstante, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional, responsable de ejecutar la sentencia y que está a la espera de recibir de manera oficial la resolución del Supremo. Una vez la tenga en sus manos, decidirá quiénes ingresan en prisión y quiénes permanecen en libertad. El procedimiento habitual es que dé un plazo de unos días a los que deban hacerlo para que acudan de manera voluntaria al centro penitenciario que elijan. Dos de los condenados, Sepúlveda y Galeote, han presentado en los últimos días sendos escritos en la Audiencia Nacional pidiendo que el encarcelamiento se retrase 10 y 15 días, respectivamente. Galeote señalaba que durante esas dos semanas pretende “dejar organizados algunos asuntos de naturaleza familiar”. El exconcejal de Estepona detallaba también que su intención es entrar en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) por la cercanía con su domicilio. En caso de que alguno de los que debe ingresar en prisión no lo haga en el plazo que finalmente fije la Audiencia Nacional, esta dictaría una orden de detención.

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