Coronavirus: grave evento político

La crisis del coronavirus, definida como pandemia por la OMS desde el pasado miércoles, es, por delante de cualquier otra consideración, una emergencia sanitaria mundial que está poniendo a prueba las fortalezas y flaquezas, según, de los sistemas de salud; pero, también, es un grave acontecimiento político y social que va a someter a un test de estrés a los gobiernos y las ciudadanías. Los valencianos no somos inmunes -ya que estamos- a ello.

No es el momento de situar en primera línea del análisis si las decisiones adoptadas han sido o no las correctas; si se debió actuar o no con mayor celeridad desde las diferentes instancias administrativas o si la coordinación entre las mismas ha sido eficaz o una cascada de despropósitos. De todo ha habido.

Tiempo habrá para ello cuando lo urgente -contener el número y el ritmo de contagios por el virus para evitar el colapso sanitario- deje espacio a lo importante: analizar cada actuación para extraer consecuencias de cara al futuro, además de exigir responsabilidades por los desacatos y/o reconocer el éxito por los aciertos. Cuando llegue ese momento, deberemos ignorar las voces que se suelen agrupar bajo el estúpido encabezamiento de “yo ya lo dije”. En situaciones de crisis, agudizadas por la ansiedad y la incertidumbre ciudadanas, las decisiones racionales se adoptan desde los poderes públicos atendiendo a la información disponible en cada momento, información que, como estamos observando, se modifica a la carrera. La crítica mezquina está de sobra.

La suspensión de dos de las grandes fiestas de la Comunidad Valenciana -las fallas de Valencia y la Magdalena de Castellón- ha sido una decisión de gran calado político con la que nadie, en su sano e informado juicio, podía estar en desacuerdo. El estado de alarma declarado en toda España hace unas horas deja en fuera de juego la tentación de discursos oportunistas y demagogos. Es comprensible el malestar generado en los ambientes festeros y empresariales afectados por el decreto del Consell anunciado por Ximo Puig, su presidente, con toda solemnidad y en tono circunspecto. Pero, ¿en qué confiaban? ¿En mantener los festejos aún a riesgo de convertir a la Comunidad Valenciana en la zona cero patria del coronavirus? La solidaridad con las fiestas y sus principales protagonistas acaba donde empieza la obligación de procurar por el bien común.

Durante días hemos asistido al bochornoso espectáculo de contemplar cómo los diferentes actores políticos obligados a tomar decisiones lanzaban la pelota de la suspensión o aplazamiento para depositarla en el tejado del contrario, agobiados todos ellos por las repercusiones sociales y económicas. Además de echarle arrestos políticos, lo que tocaba, como en el chiste, era lanzar la plegaria de “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”.

El pasado jueves, el periodista Enric Juliana escribía en el diario La Vanguardia: “España quizá tendrá que agradecerle a Italia la drástica cuarentena”. Añadimos: y la Comunidad Valenciana, especialmente, también deberá estar agradecida a los italianos. La suspensión de los carnavales de Venecia y las medidas siguientes implementadas con cadencia de mascletá, hasta el estallido final del cierre de todos los negocios -a excepción de farmacias y supermercados- han servido de inspiración a los responsables políticos, suponemos, y también a los valencianos para aceptar lo que se ya se nos ha venido encima y lo que resta por venir. China nos pillaba muy lejos.

La estrategia trumpista -de Donald Trump- de decirle a la gente solo aquello que quiere oír no parece lo más conveniente ante una pandemia de alcance y consecuencias, a fecha de hoy, insospechadas.