‘La colza’: 40 años del envenenamiento masivo con aceite tóxico

El 10 de mayo de 1981 EL PAÍS publicaba en su portada la muerte de tres niños y un adulto por neumonía atípica. Al menos 40 personas, en su mayoría niños, habían enfermado en varios barrios humildes de Madrid y en localidades de su periferia. Los síntomas: ligero aumento de la temperatura, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga y manchas parecidas a las del sarampión por todo el cuerpo. En un primer momento se piensa que pueda ser legionelosis, neumonía causada por la bacteria 'legionella'. Muchos de los enfermos son enviados al hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde se monta un laboratorio permanente para estudiar la enfermedad. El hecho de que no se produzcan casos aislados, sino que afecta a familias enteras, hace pensar a los médicos que la enfermedad se transmite a través del aire o del agua. También les despista que mientras la legionelosis afecta sobre todo a gente mayor, en este caso los enfermos son niños y jóvenes.Bernardo Pérez

El 25 de mayo de 1981, 120 personas se encuentran internadas por neumonía atípica en el Hospital Provincial de León. El mal tiene conmocionado a todo el país. Lo que ha surgido en los alrededores de Madrid se extiende en dirección norte-noroeste, con una alta incidencia en León, hasta el norte de Portugal. La falta de datos y las contradicciones en la información oficial desatan la psicosis colectiva. Microplasmas que caen del cielo en aviones, los pájaros, los pesticidas de los cultivos. La Embajada de Estados Unidos tiene que desmentir que en la base de Torrejón de Ardoz, localidad que resulta muy afectada, haya armas bacteriológicas. El 13 de mayo de 1981 el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social afirma que se había encontrado en uno de los enfermos la presencia del microplasma neumónico, una bacteria que causa una gran variedad de síntomas respiratorios. El ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof declara en TVE que la neumonía "es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata". El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta manda a tres especialistas a España. Se apuesta por una fuerte campaña de desinfección.Ricardo Martín

El 10 de junio de 1981 la Dirección General de Salud Pública envía una nota informativa a la prensa en la que se informa que la investigación epidemiológica vincula la enfermedad con la venta ambulante domiciliaria de aceite a granel, sin marca ni ningún tipo de control sanitario, “que parece proceder de una mezcla de aceites comestibles con otras sustancias prohibidas por la legislación vigente”. Ese día la cifra oficial es de 3.430 personas hospitalizadas en toda España, que incorpora nuevas palabras al vocabulario colectivo: las aminas aromáticas. Pocos días después se confirmará que el origen está en el “aceite de colza desnaturalizado”. En la imagen, vecinos de Alcorcón (Madrid) entregan bidones de aceite a granel el 30 de junio de 1981 en un centro de salud en el marco de una campaña de canje por aceite de oliva del Patrimonio Comunal Olivarero. No solo es el aceite vendido a granel. En una investigación del Ministerio de Economía también se identificarán varias marcas de aceite envasado como no aptas para el consumo. Muchos aprovecharon para canjear aceite de coche.Ricardo Gutiérrez

¿Qué es el aceite de colza desnaturalizado? Para evitar la competencia con los aceites nacionales, la venta de aceite de colza natural, de uso alimentario, estaba prohibida en España (salvo en Canarias). Importado desde Canadá y norte de Europa (para lo que hacía falta una licencia administrativa) era sometido a un proceso de desnaturalización (se le añadía un colorante para que no fuera desviado al uso humano). Su destino era la industria siderúrgica, para templar las piezas de acero. Pero una trama criminal importó este aceite desnaturalizado desde Francia y, tras someterlo a un tratamiento que resultaría tóxico, se mezclaba con aceites comestibles y era vendido a granel como oliva o girasol, puerta a puerta, en barrios humildes (también llegaría envasado a los comercios) sin ningún control sanitario. La práctica totalidad de este veneno procedía de esta refinería de Raelca en Alcorcón (Madrid), donde el aceite desnaturalizado era sometido a altas temperaturas que provocaban la formación de productos tóxicos, como la anilina o el azobenceno. El resultado de la codicia y la falta de control administrativo fue la muerte y la enfermedad de cientos de personas, con secuelas de por vida.Raúl Cancio

Desde la izquierda, Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura; Ignacio Bayón, de Industria y Energía, y Jesús Sancho Rof, de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales, en el debate del pleno del Congreso de los Diputados sobre la colza, el 16 de septiembre de 1981. Ni las principales cadenas de radio ni RTVE (que sí ofrece en directo desde Praga el Bohemians-Valencia, de la Copa de la UEFA) transmiten el debate ante la indignación de numerosas personas que, con llamadas a EL PAÍS, recuerdan que la emisión de partidos de fútbol en días conflictivos era una táctica habitual en el franquismo. Con 123 muertos, según los datos oficiales, y más de 500 según los no oficiales, el Gobierno niega toda responsabilidad política e intenta desviarla hacia los ayuntamientos, que rigen la venta ambulante y se encuentran, mayoritariamente, en manos de la izquierda. El Congreso rechazó la reprobación de los cinco ministros implicados en el envenenamiento: de Agricultura, de Economía y Comercio, de Hacienda, de Industria y Energía, y de Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales.Marisa Flórez

Varios centenares de víctimas, muchas de ellas en sillas de ruedas y con visibles secuelas, y sus familiares se concentran el 21 de octubre de 1983 en Madrid para exigir responsabilidades. Los afectados consideran que ha habido 4.800 muertos (la Justicia reconocerá 1.700). El mayor envenenamiento alimentario de la historia de España deja tras de sí una enfermedad, denominada Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), que causa a miles de personas problemas vasculares, lesiones en el sistema nervioso periférico y dermatológicas, y afección de los órganos internos. El resultado es un paciente con debilidad muscular, astenia, calambres y dolores musculares y articulares, sin contar con traumáticas secuelas psicológicas.Marisa Flórez

El industrial Juan Miguel Bengoechea Calvo, que había importado 600.000 kilos de aceite de colza desnaturalizado desde Francia, llega el 30 de marzo de 1987, el primer día del juicio, en medio de fuertes medidas de seguridad. Es el primero de los 38 acusados en declarar. En el sumario, que el juez Alfonso Barcala había tardado casi cinco años en concluir y que ocupaba 100.000 páginas, el más voluminoso de la historia judicial española, se reconocían 650 muertos (386 censadas oficialmente) y unas 25.000 intoxicadas, sin determinar exactamente los agentes químicos concretos que habían producido el envenenamiento.Luis Magán

Interior del auditorio de la Feria del Campo de Madrid (se había barajado el Palacio de Congresos de la Castellana), el primer día del juicio, el 30 de marzo de 1987. Los acusados se encuentran protegidos por una mampara de cristal. Debido a la gran cantidad de afectados, se habilitan 700 asientos que se llenan rápidamente. Además de la sala de vistas, son necesarios despachos para los magistrados, testigos, peritos, Policía Judicial, sala de prensa, archivo y una habitación para la conservación y tratamiento pericial de los aceites. El primer macrojuicio de la Audiencia Nacional, termina el 28 de junio de 1988. Un total de 1.086 testigos y 180 peritos (con serios enfrentamientos entre ellos) testifican ante el tribunal. Entre las pruebas periciales aportadas se incluye una investigación de la Universidad de Sevilla con siete grupos de monos a los que se les administraron distintos tóxicos (entre ellos, el aceite envenenado). Tras ser guillotinados (previamente anestesiados) se examinaron vísceras y músculos. Se tardó casi un año más en redactar la sentencia.Luis Magán

El 20 de mayo de 1989 se da a conocer la sentencia que resulta ser un duro golpe para los afectados. El tribunal estimó que ninguno de los acusados había cometido delito de homicidio, sino varios delitos contra la salud. 13 de los 38 aceiteros acusados fueron condenados por delito contra la salud pública a penas que oscilaban entre los seis meses de arresto y los 20 años de prisión. Solo dos condenados ingresarían en prisión. El tribunal fijó indemnizaciones para las víctimas, pero los empresarios condenados se declararon insolventes, alegando que no podían pagar. Oficialmente 330 personas habían muerto por el SAT.Marisa Flórez

Tras conocerse la sentencia el 20 de mayo de 1989, los incidentes, que habían comenzado dentro de la sala, se trasladaron al exterior. El autobús que transportaba a los acusados fue apedreado y sus lunas acabaron rotas.Ricardo Gutiérrez

Cacerolada el 18 de junio de 1991 ante la sede del PSOE en Madrid. Desamparados, enfermos y hartos de esperar justicia, los afectados por el SAT salen a la calle. Durante dos años se hacen oír a las puertas de la Audiencia Nacional (a diario en 1993 y más tarde, semanalmente) megáfono en mano y al son de los cuplés de la cantante Olga Ramos ("Y son, y son y son, y son unos sinvergüenzas, sabiendo que nos engañan, nos tienen aquí en la puerta"). También la calle Ferraz de Madrid, donde se ubica la sede del PSOE, el partido que lleva en el Gobierno desde noviembre de 1982, es escenario de acampadas y cortes de tráfico.Luis Magán

La Sala Segunda del Tribunal Supremo inicia, el 24 de febrero de 1992, la vista de los recursos de casación, en medio de un gran desastre organizativo. La asistencia de casi 2.000 afectados, que han viajado en autobús desde toda España, hace que el salón de plenos se quede pequeño y los afectados, algunos de ellos con visibles secuelas físicas, ocupan escaleras y pasillos. El Tribunal Supremo tiene que contratar de urgencia un sistema de megafonía y de circuito cerrado de televisión para que los afectados puedan seguir la vista en un salón del Colegio de Abogados de Madrid. El 23 de abril de 1992, el Supremo amplía las condenas y eleva las penas de algunos de los aceiteros hasta los 80 años de prisión. Pero como los condenados no tienen el dinero para afrontar el pago de las indemnizaciones, los abogados de las víctimas exigen responsabilidades a la Administración por supuestas negligencias de sus funcionarios. El 9 de octubre de 1995 se inicia el denominado "juicio de los altos cargos" que concluye en febrero del año siguiente con la condena de un funcionario (al que luego se añade otro) que obliga al Estado a hacerse cargo de las indemnizaciones, limitándolas al 50% (y deduciéndolas de las cantidades anticipadas).Ricardo Gutiérrez

Afectados por la colza, el 2 de octubre de 1997 ante el Tribunal Supremo, donde la Sala Segunda dictaba la última sentencia de esta “catástrofe nacional”. El fallo ordenaba el pago del total de las indemnizaciones de la sentencia de la Audiencia Nacional de 1989 y extendía el derecho a cobrar a todos los afectados, aunque no hubieran estado representados en el juicio. Pero, sobre todo, declaraba al Estado responsable civil subsidiario del 100% de las indemnizaciones, anulando el límite del 50% establecido por la Audiencia Nacional en el llamado “juicio de los altos cargos”. En diciembre de 2005, la Audiencia Nacional consideraba concluido el caso del síndrome tóxico. Hasta entonces se habían tramitado 18.515 solicitudes y pagado 2.131.202.541,43 euros, la mayor parte a herederos de los fallecidos y afectados con gran invalidez, con una media de 20 millones de pesetas (122.000 euros). Las familias cuyos parientes fallecieron antes de la sentencia de la Audiencia Nacional de 1996 cobraron menos que los fallecidos después. El dinero tardó entre cinco y siete en llegar a los perjudicados.Luis Magán

El 13 de noviembre de 1998 concluyó la retirada de 440.000 kilos del aceite tóxico para que fueran destruidos en una planta cementera en Airvault (Francia). Ninguna empresa de tratamientos de residuos en España quiere hacerse cargo de ello. La Audiencia Nacional ordenó su retirada en 1985. El aceite fue almacenado en Arganda del Rey (Madrid), donde la Seguridad Social tenía unas naves industriales en desuso. Durante siete años la Guardia Civil vigiló el lugar, pero en 1992 los agentes fueron trasladados para la seguridad de la Expo 92. Los vecinos pidieron en muchas ocasiones que el aceite fuera retirado. El Ministerio de Trabajo afirmó que era “una prueba”, a pesar de que el caso estaba cerrado desde 1992. El abandono de las instalaciones, las inclemencias del tiempo y la acción de los desaprensivos acabaron con los bidones rotos por el suelo. Las labores de descontaminación acabaron costando 25,8 millones de euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.Ricardo Gutiérrez