El derecho a constar con nombres y apellidos

Al grito de "¡Regularización ya!" y "¡Nadie es ilegal!" transcurrieron las manifestaciones convocadas el domingo 21 de junio en diferentes ciudades españolas para demandar la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la nueva crisis social que ha provocado la pandemia de la covid-19 en España. En la imagen, Sissoko Adama, de 43 años y procedente de Kayes, Mali. Lleva más de dos años en España y aún no ha conseguido los papeles para regularizar su situación.

Uno de los objetivos de estas manifestaciones era poner el foco en el incumplimiento sistemático por parte de las distintas Administraciones del derecho al empadronamiento.

Azzizi Hanane viene de Marruecos, tiene 37 años y lleva desde 2007 en España. A día de hoy sigue sin conseguir la documentación necesaria para tener sus papeles en regla. En España había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular a finales de 2019. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes extracomunitarios.

A raíz de la crisis de la covid-19 países como Portugal o Italia han dado el paso para iniciar regularizaciones masivas. Eso mismo es lo que reivindican las personas migrantes y refugiadas en España. Pese a las reclamaciones, el Gobierno cerró la puerta a esta regularización. Unidas Podemos presentó una proposición no de ley para reclamarla pero, el pasado 26 de junio, la portavoz del Gobierno de coalición, María Jesús Montero, aseguró que no se ha producido un debate sobre el tema.

Amadou Tankara es de Mopti, Mali. Tiene 24 años y llegó a España hace dos años y medio. No tiene papeles. Al contrario de lo que señalan los partidos políticos de extrema derecha sobre que la mayoría de migrantes provienen del otro lado del Estrecho de Gibraltar, el 80% de los inmigrantes vienen de América y menos de un 10% de África. La última gran regularización se produjo en 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el año 2008, la Unión Europea viene mostrando su disconformidad frente a las regularizaciones masivas, obligando a miles de personas y familias migrantes a trabajar bajo la economía sumergida por su situación de irregularidad.

Driss Haifouf tiene 47 años. Es de Marruecos y llegó a España hace 14. A pesar del tiempo que lleva viviendo en el país sigue sin tener sus documentos legales.

Invisibles para el Estado y carentes de derechos sociales, se enfrentan así a situaciones de explotación laboral y a la imposibilidad de una vivienda plena que les asegure unas condiciones de vida dignas. Lo que sí se ha gestionado recientemente desde el Gobierno ha sido una flexibilización de las condiciones para vivir y trabajar en España. Desde marzo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha facilitado los trámites para lograr permisos de empleo a extranjeros menores de 16 años así como impulsado que jóvenes migrantes extutelados puedan incorporarse a campañas agrícolas.

Dramane Tangara es otro joven maliense. Llegó a España hace tan solo seis meses y solo espera tener un poco más de suerte que sus amigos para poder regularizar su situación cuanto antes. Otra medida que se conoció el pasado 29 de junio es que el Ministerio de Interior ha triplicado los fondos destinados a países africanos para contener la inmigración irregular: de los 13,2 millones de euros de 2016 a los 45,9 millones de 2019. Estos sufragarán los gastos de las guardias costeras y fuerzas de seguridad de países de origen y tránsito. Los países que han recibido las mayores cantidades son Marruecos, Guinea Conakri, Malí, Costa de Marfil y Gambia, principales emisores de emigrantes hacia España.

La finalidad principal de estas manifestaciones es poder solicitar reuniones urgentes con las Administraciones implicadas en los procesos de regularización y en la solución de los asentamientos.