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El PSE apuesta por una lista progresiva de víctimas policiales

Landa no considera víctima a un etarra muerto colocando una bomba

El decreto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos y excesos policiales, en el que trabaja el Gobierno vasco no incluirá, de entrada, un listado de víctimas. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, descartó el censo previo para aclarar a continuación que la lista de potenciales beneficiarios se realizará de forma progresiva "a medida de que se vayan analizando quiénes son de verdad víctimas y quiénes no". Pastor precisó, en ese momento, que, frente a las demandas de algunos grupos "no van a ser víctimas aquellos terroristas de ETA que resultaron muertos, por ejemplo, poniendo un artefacto explosivo".

En ese momento se estaba celebrando en el Parlamento la ponencia de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de motivación política, que fue constituida en la Cámara vasca el pasado 11 de julio y en la que no participan ni el PP ni UPyD.

El Ejecutivo lleva varios meses trabajando en la redacción del borrador del primer decreto de reconocimiento y reparación a las víctimas policiales entre los años 1968 y 1978 bajo el asesoramiento de la ex vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) Manuela Carmena. El actual borrador fija la cuantía de las indemnizaciones a las víctimas policiales por fallecimiento, gran invalidez e incapacidad permanente tomando como referencia el baremo de la primera Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999. Según el informe elaborado por el anterior Gobierno vasco, de 1968 a 2008 hubo entre 100 y 200 muertos por abusos policiales, y de 600 a 800 heridos graves. Ese informe lo elaboró el exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco Jon Landa, quien ayer compareció en la ponencia para hacer sus aportaciones. Landa también descartó la consideración de víctima de abusos policiales a un etarra que hubiera fallecido poniendo una bomba, pero sí reclamó al Gobierno un discurso más contundente en contra de los abusos policiales y de las torturas —ha habido 14 condenas por torturas en España—. Landa dijo que el decreto no debe contemplar sólo indemnizaciones a estas víctimas porque sería "errado e indigno", sino que tiene que incluir elementos de justicia y reconocimiento, "y posteriormente elevarse a rango de ley".