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La Policía interroga a trabajadores de la Ciudad de las Ciencias por los pagos a Urdangarin

Investigan si la documentación de esta empresa con el Instituto Nóos corresponde con trabajos realizados.-La portavoz del Consell asegura que no se investiga a la Generalitat, si bien "es verdad que hay alguna conexión"

La Policía interroga esta mañana a distintos trabajadores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia para comprobar si la documentación de esta empresa con el Instituto Nóos, que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, corresponde con trabajos realizados.

La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares interrogó ayer a los ex directores generales de CACSA, Jorge Vela (actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas) y José Manuel Aguilar; así como al director de Turismo Valencia, José Salinas, y al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por los contratos realizados con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones del Valencia Summit.

Las declaraciones de los citados cargos, a la que asistieron asistidos por abogado, está relacionada con la investigación del caso Palma-Arena en la que hay indicios de supuestas irregularidades en los contratos firmados con las empresas del yerno del Rey.

La portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, ha explicado hoy que la autoridad judicial "simplemente" ha solicitado información a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA)

sobre los contratos con el Instituto Nóos, dentro de una fase de diligencias de investigación.

La consejera se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre la declaración ante el juez de dos exdirectores generales de CACSA sobre el Instituto Nóos.

Johnson ha precisado que se está en fase de diligencias de investigación de un caso que "no afecta" a la Generalitat, a la que "no se está investigando". "Pero sí es verdad que hay alguna conexión, y es por eso que en esta fase de diligencias de investigación se está pidiendo información", ha dicho la consellera, quien ha añadido que, "como no podía ser de otra manera, desde la Generalitat, desde CACSA", están "absolutamente a disposición de la Justicia".

Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos los documentos relativos a la relación entre el Instituto y esta entidad. Esta actuación se produce después de que miembros de Fiscalía Anticorrución y de Policía de Baleares hayan comenzado a tomar declaración comotestigos a altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia por los pagos realizados al Instituto Nóos señalados.

Agentes de la Policía judicial se personaron el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.

Según informaron entonces fuentes de la Generalitat, esta relación se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

Tal y como señalaron estas fuentes, la información facilitada a la Policía era la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad. Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.