El PP valenciano rechaza crear un registro del uso de los coches oficiales

No habrá control sobre el uso de los coches oficiales. La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat en las Cortes Valencianes ha rechazado esta mañana la creación de un registro del uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos del Consell y los diputados autonómicos presentada por EUPV y que ha contado con el respaldo de los siete diputados de este grupo, PSPV-PSOE y Compromís, y con la oposición de los ocho miembros del PP en la comisión.

El diputado de EUPV Ignacio Blanco ha defendido la necesidad de tomar en consideración esta proposición no de ley por las "dudas" creadas en la sociedad a raíz del "uso inadecuado" realizado por algunos diputados y cargos públicos de este "instrumento de trabajo" para fines personales, como " ir a misa o asistir a las fiestas de un pueblo".

Asimismo, ha denunciado que también se han visto vehículos oficiales aparcados frente a la sede del PP valenciano y ha recordado que su uso se circunscribe a la función parlamentaria de los diputados, nunca a la de partido. Así, ha subrayado que "la austeridad y la transparencia" son elementos "imprescindibles" para incrementar la credibilidad de la profesión parlametaria, "más aún ahora con los recortes sociales y de servicios públicos", y ha reiterado que el objetivo es saber "quién, cuándo, dónde y para qué" se utiliza el parque móvil de la Administración. "Igual que sabemos sus bienes (de los diputados y altos cargos), sería razonable que supiéramos esto; es un posicionamiento claro contra el uso y abuso de recursos públicos", ha subrayado Blanco.

Por su parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra ha mostrado el apoyo a esta medida para que se pueda conocer "cómo funcionan los coches del Consell" y evitar, así, que se utilicen para fines privados. "Hay que fomentar el uso del transporte público, pero los coches oficiales han de ser una herramienta de trabajo para desplazamientos públicos que difícilmente se pueden cubrir de otras maneras", ha agregado la parlamentaria. "Cuando un coche oficial se utiliza para fines privados, se está utilizando dinero público y un registro resulta disuasorio para el que tenga la intención de usar el coche para fines privados, evita la tentación", ha añadido Oltra.

Mientras, el diputado socialista Rafael Rubio ha criticado que este tipo de propuestas nunca tenían que haber sido presentadas, porque "nunca se debería haber producido ningún tipo de abuso en la utilización de vehículos oficiales", aunque ha admitido que "como desgraciadamente se ha dado y eso ha generado un cierto clima de preocupación entre los ciudadnos, es conveniente regular su uso". El socialista ha mostrado su apoyo, por tanto, a la regulación de la utilización de los coches oficiales por parte de los altos cargos del Gobierno autonómico y responsables de sus empresas y fundaciones, aunque ha matizado que "no es el mismo caso el uso que puedan hacer el presidente de la Generalitat y sus consejeros", por lo que deberían ser excluidos de ese registro.

Rubio ha explicado que actualmente el parque móvil de la Generalitat cuenta con 100 vehículos -y otro centenar de conductores-, y está regulado "de manera opaca", sin que nadie "sepa exactamente cuál es el criterio que se utiliza para que un secretario general utilice un coche".

Calentar el ambiente

El diputado del PP Eduardo Ovejero ha mostrado durante su intervención su total rechazo a la propuesta, que ha tildado de "interesada, que no interesante" y encaminada a "transmitir a la opinión pública una realidad interesada y seguir machacando a la clase política" para "calentar el ambiente ciudadano para sacar a la gente a la calle". A su juicio, la proposición de EUPV "sigue al pie de la letra su ideario político de sacar a la calle las masas" y ha instado a la formación a que una vez pasen las elecciones generales "presenten propuestas razonable". Para Ovejero, no resulta necesario incrementar las fórmulas de control existentes, dado que "la transparencia ya existe" y el objetivo de la oposición es "dirigir y controlar la actividad de los altos cargos".