El juez impone a Unió Mallorquina una fianza de 1,6 millones de euros
El instructor del 'caso Picnic', que determinó la disolución de la formación nacionalista, investiga el desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Palma para la captación de militantes
El juez que intruye el caso Picnic, Antonio Rotger, ha impuesto una fianza de 1,6 millones de euros a Unió Mallorquina (UM). La resolución recoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó que la formación nacionalista depositase esa cantidad para cubrir las posibles responsabilidades derivadas del nuevo supuesto de corrupción.
La operación Picnic se inició a finales de febrero e investiga el presunto desvío de fondos desde el Ayuntamiento de Palma para la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo, de informadores medioambientales, que en realidad eran miembros de UM y cuya misión consistía en captar a nuevos militantes. La investigación también se centra en averiguar si se utilizaron nombres ficticios y de personas fallecidas para engrosar el número de beneficiarios de excursiones que organizaba la oficina municipal de Medio Ambiente, y poder justificar la subvención de 300.000 euros que recibían del Ayuntamiento.
El nuevo caso de corrupción motivó la disolución de UM y la creación de un nuevo partido político , Convergencia per les Illes. La formación extinta designó a un representante legal, Antoni Llabrés, y un abogado para poder concurrir al proceso. Esta mañana Llabrés ha comunicado que UM únicamente dispone de 130.000 euros por lo que no puede hacer frente a la fianza que le ha impuesto el juez. Además ha anunciado que el partido disuelto va a recurrir esa decisión.
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