Mas enerva a la izquierda con un proyecto de nuevos recortes sociales
Un consejo asesor de la Generalitat pide el contrato único y el copago de servicios
El Gobierno catalán provocó ayer un incendio de dimensiones importantes con las formaciones de la izquierda y los sindicatos a escasas 48 horas para que todos los partidos y los agentes sociales se sienten en una misma mesa para buscar medidas de consenso para afrontar la salida de la crisis económica. El Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) repartió un documento, elaborado por un consejo de expertos que asesora al Gobierno, que contiene todo tipo de medidas liberalizadoras, como el contrato único, el copago en los servicios públicos (justicia, sanidad y educación) y el "redimensionamiento" de la plantilla de la Administración catalana.
El documento que ha elaborado la comisión presidida por el presidente de Abertis, Salvador Alemany, amenaza con poner fin a los siete años de concertación social que logró el tripartito. La comisión de expertos pide también un gran pacto social y económico en el que, además de estas medidas, se incluya una reforma del sistema de financiación. "Cataluña debería disponer de un modelo de financiación propio, como el concierto económico del País Vasco y Navarra", señala.
El Gobierno de CiU y su presidente, Artur Mas, trataron de capear el temporal escudándose en el hecho de que la propuesta de partida no es del Gobierno como tal, sino de un grupo de expertos. La oposición cree que el Ejecutivo de CiU ha utilizado a estos expertos para plantear medidas que no se atrevió a incluir en su programa electoral y que la patronal no consiguió con la reforma laboral.
El Partit dels Socialistes (PSC), que aún busca su sitio en el Parlament tras la debacle de las elecciones de noviembre, evitó entrar en el fondo del documento y se limitó a decir que las propuestas de los expertos están en las "antípodas" de su ideario. El PSC pide al Gobierno catalán que se moje y diga si las ideas reflejadas en el documento son asumidas íntegramente por el Ejecutivo. En privado, el PSC admite que no habrá ninguna posibilidad de acuerdo si Mas no se compromete a preservar las políticas sociales. Si esto no ocurre, CiU, en minoría en la Cámara, podría verse obligada a pactar con el PP las medidas anticrisis y también los próximos presupuestos. Iniciativa tildó de "ultraliberal" el documento de los expertos y Esquerra Republicana aseguró que la propuesta es "la carta a los Reyes" de la patronal.
Visto el panorama y que los sindicatos también están en contra del documento, Artur Mas se puso directamente en contacto ayer por la tarde con varios presidentes de grupos parlamentarios para tranquilizarles. En la cumbre anticrisis de mañana se verá si se logra algún tipo de acuerdo más allá de la foto oficial y de algún pacto sobre asuntos generales. El único partido que no frunció el entrecejo ante el documento fue el PP, que ve en las propuestas algunas de las medidas que ha defendido en el Parlamento y en el Congreso. No obstante, a los de Alicia Sánchez-Camacho no les gusta que se mezcle en la reunión la demanda del concierto económico para Cataluña que persigue el Gobierno de CiU.
Los expertos dicen que Cataluña atraviesa "su crisis más profunda" desde 1959
Los grupos parlamentarios y los agentes sociales se encontraron a primera hora de ayer un correo electrónico con la propuesta del consejo de expertos. El documento, de 48 páginas, contenía un minucioso diagnóstico de la economía y una batería de medidas liberalizadoras. Los expertos sostienen que Cataluña atraviesa su "crisis más profunda" desde, al menos, el Plan de Estabilización de 1959. Y contra ese desgaste proponen reformas de calado y potenciar la industria, el turismo y los servicios exportables como motores de crecimiento. Estas son algunas propuestas:
Empleo. Adoptar un contrato único con indemnizaciones "no superiores a la media europea", descentralizar la negociación colectiva y salarios "sensibles" a las condiciones económicas.
Fiscalidad y copago. Los expertos reclaman que los tramos del IRPF eviten "la discriminación en términos de presión fiscal entre tipos de rentas". Sobre el copago, sugieren fijar tasas y precios públicos para servicios como la educación, la sanidad, las universidades y la justicia. Los expertos reclaman que la Administración tributaria luche contra la economía sumergida.
Gasto público. El consejo pide que se separe el concepto "servicio público" de la entidad que lo presta, porque "la producción privada puede ser más eficiente y económica". Propone que los centros educativos y sanitarios cobren con tasas los servicios fuera del "catálogo de financiación básica" y sugiere "avanzar" en externalizaciones, la implantación del sistema de cheques y los "partenariados público-privados".
Pacto fiscal. El consejo considera que el déficit público será crónico si no se pacta un "modelo de financiación propio", como el vasco o el navarro, y se actualizan las balanzas fiscales.
Cajas. Reclaman una "reestructuración en profundidad" del sistema financiero, sin perder el "valor estratégico" de tener "centros de decisión en Cataluña".
Sector público. El informe apunta a la necesidad de "redimensionar" las plantillas dedicadas a la atención a la población y replantear "los contratos vitalicios" de los funcionarios.
Energía. El consejo pide ir "hacia un mix" con un gran papel de las renovables y el gas natural, pero también la energía nuclear.
Universidades. Crear patronatos con miembros externos y dar entrada a las patronales en la confección de los planes de estudios.
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