La Junta detecta el doble de viviendas ilegales de las censadas en el Valle del Almanzora hace tres años

El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación" que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La cifra la ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien ha matizado que los 11.777 inmuebles susceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto anunciado hace unos días sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras". Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2 por ciento del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según ha señalado Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora. En esta zona -ha revelado- la Junta ha impugnado un total de 83 acuerdos de pleno municipal al considerar que concedían licencias de obras irregulares y ha tramitado un total de 163 denuncias. Ha declinado, sin embargo, precisar cuántas están sometidas al proceso penal o a un contencioso-administrativo, y, por tanto, pendientes de que una sentencia judicial decrete su demolición.

En concreto, los ayuntamientos y la administración autonómica han localizado de manera conjunta 534 edificaciones levantadas en suelo que goza de especial protección, por lo que la infracción administrativa "no prescribe nunca" y no existe "una opción legal", y otras 386 que se encuentran bien en proceso de construcción o bien cuentan con menos de cuatro años de antigüedad, por lo que se estarían en el mismo caso que las anteriores.