El TSJA desestima la suspensión del acuerdo para la reordenación del sector público

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la petición planteada por la CSIF para que se suspendiera el acuerdo firmado por la Junta, CCOO y UGT sobre la reordenación del sector público andaluz, que dio origen al nuevo decreto que ahora se tramita como proyecto de ley en el Parlamento.

Según informa el sindicato CCOO, un auto del TSJA del pasado 8 de febrero desestima dicha petición al admitir las alegaciones que Comisiones Obreras presentó contra la suspensión que había solicitado esa otra central sindical.

Esta resolución del Alto Tribunal andaluz permitirá, según CCOO, que se proceda, como estaba previsto, al debate y la votación el próximo miércoles del proyecto de ley sobre la reordenación del sector público de Andalucía en el pleno del Parlamento autonómico.

Comisiones Obreras ha indicado que, "una vez más, la Justicia da la razón a CCOO y con ello se consigue la finalidad" del acuerdo que, junto con UGT, firmaron el pasado 29 de octubre con la Junta.

Según la nota, el objetivo de ese acuerdo es "lograr que la reordenación del Sector Público se lleve al Parlamento para su debate y obligar con ello al Gobierno andaluz a rectificar su actitud" de aprobarla "de forma unilateral mediante el 'decretazo' aprobado en agosto de 2010".

Este sindicato también ha denunciado el "doble discurso de ciertas fuerzas políticas y sindicales" en esta materia.

Ha criticado que en Galicia, donde gobierna el PP, "se acaba de publicar en el BOE la Ley 16/2010 de Organización y Funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico" gallego, que CCOO ha asegurado que recoge, entre otras medidas, "la integración por decreto del personal procedente de entes instrumentales como personal laboral fijo de la Xunta".

Ha añadido que CCOO defenderá las alegaciones que envió a todos los grupos parlamentarios "para que se discutan y aprueben en el trámite parlamentario".

En este sentido, ha censurado que en Andalucía el sindicato CSIF no ha presentado alegaciones al proyecto de ley, sino que ha exigido "desde el principio su derogación", mientras que, según CCOO, en otras comunidades gobernadas por el PP ha adoptado "una posición muy diferente" y sí ha formulado alegaciones.