El interventor municipal de Marbella insiste en sus reparos a los convenios del gilismo

El interventor municipal de Marbella desde 1994, Juan Antonio Castro, ha protagonizado hoy la 22ª sesión del juicio del caso Malaya. El funcionario, que ha comparecido como testigo a petición del Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, ha dado su versión sobre las prácticas urbanísticas en la época de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Castro ha recordado que durante años puso reparos a todos los convenios urbanísticos que suscribió el consistorio, aunque estas observaciones no fueron tenidas en cuenta por los plenos presididos por Jesús Gil y Julián Muñoz.

"La valoración de los convenios y los aprovechamientos siempre los realizaban técnicos privados, como un agente de la propiedad inmobiliaria o un tasador externo, nunca lo hacían funcionarios de los servicios técnicos municipales", ha asegurado Castro. El interventor ha recordado que dicha práctica privatizadora de la gestión pública estuvo avalada por la Junta de Andalucía a través de un dictamen del Consejo Consultivo.

"Nadie se interesó por subsanar las deficiencias encontradas en los convenios, el señor [Julián] Muñoz tampoco", ha manifestado el interventor. Entre los convenios a los que se ha referido Castro figuran el de la llamada operación Crucero Banús, la recalificación y posterior venta de una parcela comercial que reportó al supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y a otros tres socios, unos beneficios de seis millones de euros.