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Javier Couso: "El Gobierno será responsable de lo que pueda pasar al juez Pedraz en Irak"

Los familia del cámara acusa al Ministerio de Justicia de "amedrentar" al magistrado de la Audiencia Nacional - Recuerdan a la fiscalía que el Supremo ordenó realizar la prueba y el CGPJ autorizó el viaje en verano

"Hacemos responsable al Ministerio de Justicia de todo lo que pueda pasar a la comisión judicial en Irak". Así de tajante se ha mostrado esta mañana Javier Couso, hermano de cámara de Telecinco fallecido a causa del disparo de un tanque de EE UU durante la ocupación de Bagdad en 2003, ante lo que considera nuevos intentos del Gobierno y de la fiscalía de obstaculizar la investigación por crímenes de guerra que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los Couso consideran que Justicia intentó amedrentar al juez el pasado jueves al hacerle saber que ni España ni Irak podrán garantizar su seguridad ni la del resto miembros de la comisión judicial durante la inspección ocular de los lugares en que se produjeron los hechos, prevista para los próximos días.

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Javier Couso, acompañado de los periodistas Olga Rodríguez y Carlos Hernández -testigos en el caso que todavía no han recibido sus visados para desplazarse a Bagdad- ha cargado también contra la fiscalía de la Audiencia Nacional. El ministerio público entregó ayer en el juzgado de Pedraz un escrito en el que negaba validez a la inspección ocular porque, dice, se va a realizar sin el permiso de las autoridades iraquíes. El hermano del camarógrafo fallecido aseguró sin embargo que la prueba es totalmente "legal y viable" y que, al contrario de lo que mantiene el fiscal, "no cuenta con la oposición de Irak". "La concesión de los visados al juez y a la secretaria supone un reconocimiento de su legalidad", ha asegurado Javier Couso.

Tanto el hermano del cámara como los dos testigos insistieron en que la última sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el caso -que ordenó a la Audiencia Nacional reabrir por segunda vez el caso al considerar que no se había investigado lo suficiente- mandaba realizar las pruebas acordadas previamente por Pedraz, entre ellas esta inspección ocular del hotel Palestina (desde donde tomaba imágenes Couso al recibir el disparo estadounidense) y del puente desde el que el tanque de EE UU lo realizó. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial también ha dado permiso al magistrado para realizar esa diligencia en pleno centro de Bagdad.

Por eso, para los Couso, tanto el Gobierno como la fiscalía sólo buscan obstaculizar la investigación de Pedraz. El hermano del cámara ha recordado que el Ejecutivo organiza constantemente viajes de ministros a zonas de conflicto "con 20 o 30 periodistas". "¿Es que no se garantiza la seguridad para el resto de poderes del Estado?", se ha preguntado Javier Couso. "Hay una clara falta de colaboración", ha manifestado la periodista Olga Rodríguez. "El Gobierno incumple su obligación de facilitar el trabajo al Poder Judicial", ha añadido. "España tiene capacidad para garantizar la seguridad de la comisión judicial, sobre todo teniendo en cuenta que el viaje está planeado desde julio".

Otro de los testigos, el ex redactor de Antena 3 Carlos Hernández, ha insistido en la misma idea. El Gobierno y la fiscalía, según el periodista, protagonizan "un intento de insumisión ante una actuación judicial". Para Hernández, el Ejecutivo ha tenido tiempo suficiente desde julio para organizar el viaje. Por eso pidió a Justicia "que proponga una alternativa" si es cierto que existen problemas de seguridad.

Hasta el momento, solo el juez, la secretaria judicial y un funcionario han recibido de las autoridades de Irak el visado para desplazarse a ese país, pero ni los testigos ni los abogados de la familia lo tienen por el momento, a pesar de que el desplazamiento está previsto para los próximos días. Por eso, la familia Couso exige al Gobierno que les otorgue una "autorización diplomática en misión" que les permita estar presentes durante la inspección ocular. La fiscalía no sólo se opone a que el juez realice esa prueba. El ministerio público ha decidido que ni siquiera enviará a un representante. Pero el juez Pedraz está decidido a seguir adelante y cumplir la orden del Tribunal Supremo. Aunque lo tenga que hacer solo. Sin apoyos.

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