Los abogados del Palau de la Música piden al juez que impute a las esposas de Millet y Montull

El bufete de abogados Garrigues, que representa al Palau de la Música en el caso Fèlix Millet, ha presentado hoy un escrito para reclamar las imputaciones de las esposas éste y de su mano derecha Jordi Montull (Marta Vallès y Mercedes Mir, respectivamente). Las mujeres eran las administradoras únicas de varias empresas que, supuestamente, habrían participado en el desvío de los dineros de la entidad cultural.

La esposa de Millet administraba las empresas Bonoima y Aysen Producciones S.L., unas sociedades sin actividad alguna ni apoderados. Se cree que mediante facturas falsas o la elaboración de estudios sin contenido habría captado fondos del Orfeó Català.

Por su parte, Mercedes Mir figuraba como administradora de Aurea S.A., empresa que en teoría permitió el desvío de fondos y, junto a Bonoima, sirvió para que supuestamente Millet y Montull se autoadjudicaran jugosas remuneraciones extras con ocasión de la celebración del centenario del Palau de la Música.

Precisamente, el pasado 10 de septiembre, una vez iniciado el proceso judicial contra Millet y Montull, estos dos imputados acudieron al notario para comprar, respectivamente, a sus esposas 3.005 acciones de Aysen Producciones S.L., y 1.503 de Aurea S.A. De esa forma, los principales imputados por el desvío de fondos se convertían en administradores de las empresas investigadas, en una maniobra que buscaría desvincular a sus cónyuges del saqueo del Palau de la Música.

Con la imputación de las esposas de Millet y Montull, el Palau de la Música pretende también analizar el patrimonio de las esposas de los ex directivos del Palau de la Música, por si tuvieran que hacer frente a una posible responsabilidad civil por el desfalco de la institución cultural.

Si finalmente el juez instructor acuerda citar a declarar a Marta Vallès y Mercedes Mir, serían ya nueve los imputados por el expolio del Palau de la Música: Millet y Montull, la hija de éste Gemma Montull, el ex tesorero Enric Alvarez y tres abogados que habrían asesorado en la elaboración de facturas falsas. Durante los últimos años presuntamente se desviaron más de 30 millones de euros de las arcas del Palau.