El pulso político de Ripoll a Camps pasa factura en Alicante

Las tensiones y desavenencias entre el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, exponente del zaplanismo, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afectan ya de plano a las relaciones institucionales. Las consecuencias de esa guerra interna, sobre todo en el plano crematístico, han hecho saltar las alarmas entre los diputados provinciales. "Esto al final lo pagan los ciudadanos y la gestión del día a día se bloquea", admiten fuentes de la Diputación de Alicante. En la actualidad, el Consell ha ralentizado ya el pago de 25 millones comprometidos con la corporación provincial alicantina.

La relación entre Camps y Ripoll, enfrentados primero por el control del partido en la provincia de Alicante y ahora por las repercusiones del caso Gürtel, no son fluidas. Esta falta de sintonía se traduce en los presupuestos de cada año, y en decenas de proyectos que se ven, cuando menos, estancados.

El principal escollo, y el más importante económicamente, es el proyecto de nuevo Auditorio de Campoamor, para cuyas obras el pleno de la Diputación, aprobará hoy una modificación de crédito de otros 14,5 millones de euros para poder acabar las obras. En diciembre de 2005, Camps y Ripoll se fotografiaron juntos en la firma de un protocolo de intenciones en el que la Generalitat se comprometió a pagar el 50% de las obras hasta los 18 millones de euros. Pero pasan los años y el Consell no ha pagado nada, y tiene pendiente de momento 9,5 millones.

Ripoll admitió en un pleno, a preguntas del Grupo Socialista, que la Diputación había sufragado 8 millones para el inicio de la obra. El proyecto se adjudicó por 27 millones, pero acumula un sobrecoste de casi 15 millones. El Auditorio, diseñado por el arquitecto Juan Antonio García Solera, será un edificio polivalente de 7.000 metros cuadrados de planta y 23.000 de superficie. Las obras estaba previsto que finalizaran este año, pero ahora están suspendidas parcial y temporalmente para introducir mejoras.

Otro punto de discordia es el flamante Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq). En los presupuestos de 2008 había previsto por parte de la Generalitat transferir 550.000 euros, de los que sólo llegaron 510.000. Ahora para el 2009, a punto de finalizar, quedan pendientes los 400.000 previstos y los 40.000 pendientes del año anterior, pero no ha llegado ni un euro, según fuentes del museo. Antes de que surgiera el conflicto (2005) el dinero llegaba con regularidad. Así, en 2003 la Generalitat ingresó en tiempo y forma los 450.000 euros previstos ese año a cada museo.

El penúltimo capítulo de esta crónica de desencuentros se ha escenificado esta semana con el Consorcio de Museos de la Generalitat, con el que la Diputación de Alicante ha decidido romper relaciones, y ha optado por organizar sus propias exposiciones. También la semana pasada la Diputación acordó dejar el patronato de la Fundación Jaume II el Just, de la que forman parte el resto de diputaciones y los tres ayuntamientos de las capitales provinciales, junto con la Generalitat. El motivo que esgrimió el diputado de Cultura, Pedro Romero, es que "no realizan actividades en el ámbito provincial". La deuda del Consell con el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante también es cuantiosa, algunas estimaciones apuntan a que rondaría los 6 millones de euros pendientes de varias anualidades.

La marginación presupuestaria también se traslada a las cuentas del Consell. La inversión territorial izada prevista para el próximo año cifra en 280,7 millones de euros (51.7%) para la provincia de Valencia, unos 104,3 millones (19.2%) para Castellón y 158 millones (29,1%) para la provincia de Alicante.

El portavoz adjunto socialista de la Diputación, Antonio Amorós, acusó ayer al presidente José Joaquín Ripoll "de fraude a los alicantinos por su pésima relación, o más bien su no relación, con Camps que está perjudicando seriamente a los ciudadanos". Los socialistas se lamentan de que "lo que prima en esta provincia es el interés partidista entre ripollistas y campistas y que su batalla permanente ha llegado hasta tal extremo que hace totalmente inviable la puesta en marcha de los proyectos y los servicios". Y se preguntó: "¿Quién defiende los intereses generales en esta provincia? Camps por supuesto que no, porque ya lo deja patente con la gran deuda que tiene con la Diputación".