La justicia reabre contra el ex consejero Carretero una causa de cuando fue alcalde

La Audiencia de Girona ha ordenado a un juzgado de Puigcerdà la reapertura de una investigación penal contra el ex consejero de Gobernación de la Generalitat Joan Carretero por si pudo cometer un delito de prevaricación en la recalificación urbanística de unos terrenos cuando era alcalde de aquella población. El caso, en el que también está imputado su sucesor, Joan Planella, ya fue investigado por el Juzgado de Puigcerdà, pero no apreció indicios de delito y en enero de 2007 archivó la querella, presentada por varios vecinos y defendida por el despacho barcelonés de abogados de Pablo Molins.

Los letrados recurrieron y dos años y medio después la justicia les ha dado la razón, por lo que el ex consejero de ERC y actual líder de la formación independentista Reagrupament.cat deberá volver a los juzgados a la espera de que el juez archive de nuevo el caso u ordene que prosiga la tramitación para celebrar juicio.

El origen del caso son los convenios de colaboración urbanística que firmó el Ayuntamiento de Puigcerdà el 16 de agosto de 2002 y el 20 de marzo de 2003 con las entidades Gesdip, SA, y Grup Supeco Maxor, SL, respectivamente. En el primero, el Ayuntamiento se comprometió a recibir 240.404 euros para instalar unos acensores a cambio de iniciar los trámites para modificar un plan parcial y otorgar una licencia de actividad para un supermercado y una gasolinera. Con el segundo convenio, el Consistorio prometió acelerar la licencia provisional y a precario del supermercado y la gasolinera a cambio de 480.809 euros.

En contra del criterio mantenido por el Juzgado de Instrucción de Puigcerdà, la Audiencia de Girona considera que el Ayuntamiento omitió "trámites esenciales" en la recalificación urbanística, como la publicación del convenio urbanístico o los correspondientes informes preceptivos. "La falta de toda esa tramitación", dicen los jueces, "y sin prejuzgar la resolución final que pudiera dictarse, nos parece un camino torticero para alcanzar la finalidad última que se pretendía por parte del Ayuntamiento, la financiación privada". La Audiencia de Girona recuerda, además, que la variación sobre los usos urbanísticos del solar, cuya prioridad inicial era la construcción de viviendas, también era contraria al plan de quipamientos comerciales de la Generalitat, que prohibía instalar grandes superficies en Puigcerdà.

La Audiencia de Girona rechaza de forma tajante que Carretero o Planella cometieran un delito de cohecho y que se enriquecieran con la operación como decía la acusación particular, pues las cantidades pactadas se ingresaron en las arcas municipales y se destinaron a la instalación de los ascensores. También recrimina el tribunal a la acusación que se acuse a Carretero de obtener rédito político con una operación, al considerarla "lo propio y natural de la acción de los partidos".