Un manual con penas alternativas a la cárcel

Los jueces valencianos han presentado esta mañana el Manual práctico sobre la ejecución penal, en el que proponen alternativas como la suspensión, sustitución y expulsión a aquellos procesados a quienes se les busque una pena que no sea la prisión. Con ello, los magistrados buscan unificar los criterios de administración de justicia para evitar que "los jueces de Cataluña o Galicia actúen de una manera, y los de la Comunitat Valenciana de otra", señaló Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

Según Magro, los procesados deben "desarrollar planes formativos en lo relativo a violencia de género o seguridad vial". El magistrado también ha propuesto, por ejemplo, la orden de ingreso a centros de rehabilitación o desintoxicación a aquellos autores de robos que tengan problemas con las drogas.

En la opinión del juez alicantino "la cárcel no resuelve todos los problemas" y que las penas de prisión de entre seis meses y un año "muchas veces no son la solución". Lo más conveniente, ha agregado, es sustituirlas por reeducación para "delincuentes primerizos" con el objetivo de "evitar que vuelvan a delinquir".

Tanto él como Esteban Soláz, presidente de la Audiencia de Castellón, y Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, han coincidido que las penas en España "están muy bien tipificadas", a lo que Magro, sin embargo ha señalado que "existe un problema nacional a la hora de adoptar medidas alternativas a la cárcel". Soláz ha explicado que el "problema latente" de la ejecución de sentencias existe entre los jueces "desde hace mucho tiempo", aunque "haya salido a la palestra con el caso de la niña Mari Luz".

Falta de informatización

Una de las "disfunciones" más graves en éste ámbito es la "falta de informatización" de los juzgados, ha señalado Soláz. Sin ella, los jueces no pueden cerciorarse de que un condenado que ha solicitado una suspensión de su pena tiene pendiente otros procesos judiciales.

Si tuviera un acceso informatizado a estos datos, el juez

dictaría su inmediato ingreso en prisión, pero al carecer de ellos aplica el principio "en beneficio del reo", con lo que el condenado evita ser encarcelado.

Los magistrados han estimado "necesario" la elaboración de un programa a nivel nacional para unificar los criterios de los jueces.

El manual de más de 400 páginas, considerado el primero de su tipo en España, incluye fórmulas para facilitar el desarrollo de la ejecución de sentencias. El documento será remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, para repartirlo entre los secretarios judiciales y a los jueces.