La Comunidad arremete contra el Gobierno por los últimos casos de violencia de género

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dicho que es "tremendo, terrorífico, atroz y una vergüenza en una sociedad moderna y avanzada" que la mitad de los asesinatos de violencia machista de los últimos días los cometieran hombres que incumplieron la orden de alejamiento de sus parejas o ex parejas. De esta situación ha hecho directamente responsable al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El martes murieron cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, una de ellas en Madrid. Se trata de la más alta conocida en un día.

Por ello, Aguirre ha manifestado que de estos hechos deben responder "la policía y el ministro del Interior" para explicar por qué no se cumplieron esas órdenes y se ha permitido que las víctimas hayan sido atacadas. "Mi política en el asunto de violencia de género -ha señalado la presidenta- es la tolerancia cero a los maltratadores" y en este sentido ha recordado el brazalete que diseñó la Comunidad para que las mujeres amenazadas "pudieran estar avisadas de cuando el hombre que tiene orden de alejamiento está cerca, en un radio de pocos metros". Respecto a la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de convocar una conferencia autonómica para combatir el "machsimo criminal", Aguirre ha señalado que le parece "positivo" y está a favor de todo lo que sirva para atajar esta lacra atroz" que sufren "todos los madrileños y españoles" y sobre todo, las mujeres sólo por el hecho de serlo.

Sin embargo, ha puesto en duda que abordar este asunto en una próxima conferencia de presidentes autonómicos tenga efectividad, "pero si alguien cree que eso es positivo, adelante". "Yo acudiré", ha afirmado. En respuesta, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Política de Igualdad del Partido Socialista de Madrid (PSM)) Ángeles Álvarez ha considerado de "inmoral" que Aguirre "se valga del terrorismo de género para atacar al Gobierno". Álvarez ha calificado de "impúdico y obsceno" las afirmaciones realizadas por la presidenta, a las que se han sumado las del vicepresidente segundo y Consejero de Justicia y Administraciones Pública, Alfredo Prada, que ha destacado el esfuerzo de trabajo y presupuestario realizado por el Gobierno de Aguirre para poner en marcha medidas contra la violencia de género, lo que en su opinión contrasta con la lentitud y la pasividad del Ejecutivo central.

150 'brazaletes antimaltratador'

Prada ha asegurado que la Comunidad de Madrid es la única región que ha desarrollado un sistema de detección de proximidad a las víctimas, los conocidos como brazaletes antimaltratador. El Gobierno regional posee 150 equipos de disuasión, y hasta la fecha ha implantado 49 dispositivos. Sin embargo, de nada sirve si no se denuncia. Laura Morales, la boliviana de 22 años asesinada en Lavapiés el lunes, no lo hizo.

El cadáver de la chica, asesinada tras recibir varias puñaladas de un chico al que conocía desde hacía unos meses, de la misma nacionalidad, será repatriada a su país una vez finalicen las labores de investigación del homicidio, según han informado fuentes del Consulado Boliviano en la capital. La madre de la víctima, que recibió la noticia en Miami (Estados Unidos), donde se encontraba visitando a otra de sus hijas, ha llegado hoy a la capital española, después de que el Consulado arreglara los papeles para su entrada. Igualmente, el padre de la fallecida, que se encontraba en su ciudad natal de Santa Cruz (Bolivia), ha viajado a Madrid con un visado especial por razones humanitarias.

Según fuentes del Consulado, la última víctima de la violencia de género en la región tenía regularizada su situación en España y se encontraba realizando prácticas administrativas en una empresa, después de terminar un master universitario en Madrid. "Era una persona culta, que había estudiado en una Universidad de Chile, y responsable", indican. En principio, los familiares pagarán los costes de la repatriación, que ascienden a varios miles de euros. En caso de que no dispongan de recursos económicos, el Consulado se hará cargo del proceso, después de que terminen las investigaciones de las autoridades policiales y sanitarias españolas.