La Fiscalía carga contra la Comunidad de Madrid y sus expertos por impulsar el 'caso Leganés'

La Fiscalía de Madrid ha cargado en un duro e inusual escrito contra la actuación de la Comunidad de Madrid y la comisión de expertos que desginó a dedo por su actuación parcial en el caso Leganés, la denuncia ya archivada por el supuesto abuso de sedaciones masivas en el hospital Severo Ochoa de Leganés. El fiscal apoya así el recurso que Luis Montes presentó ante la Audiencia Provincial para que el juez del caso retire del auto de archivo la expresión de que había cometido mala práctica. Pese a tener el caso archivado, Montes pretende así limpiar su nombre.

El 11 de marzo de 2005, el coordinador de urgencias de Leganés, Luis Montes, y su equipo comenzaron un calvario que aún colea. La Comunidad de Madrid dio credibilidad a una denuncia anónima que relataba 400 homicidios en el servicio de urgencias durante años. Al consejero, Manuel Lamela, del PP y hoy responsable autonómico de Obras Públicas, no le importó que su departamento hubiese archivado dos denuncias previas tras investigar exhaustivamente el servicio: relevó a Montes inmediatamente y tramitó la denuncia.

Los dos fiscales del caso Leganés han roto su silencio y, en escrito de 39 folios, han dejado claro que la instrucción del caso y la denuncia de la Comunidad de Madrid les parece sin fundamento. Tras repasar todos los precedentes del caso -detalla todas las inspecciones previas-, el fiscal califica de "sorprendente" que la Comunidad de Madrid presentara una denuncia por este caso. En opinión de la fiscalía, la denuncia anónima no era suficiente para abrir un procedimiento.

La Comunidad envió entonces a sus inspectores a Leganés, que no hallaron relación entre las sedaciones y la muerte y destacaron que todos los pacientes sedados eran terminales (la sedación terminal es una práctica médica admitida y recomendada para aliviar la agonía incluso si acorta la vida). Pese a que sus inspectores no hallaron nada, la Consejería desiginó a dedo una comisión de expertos -la comisión Lamela- para evaluar las historias. Esta comisión, que no entrevistó a los médicos y cometió errores de bulto, halló 73 sedaciones irregulares. Con este informe, Lamela presentó una denncia en el juzgado y desactivó la investigación del fiscal. "No hay razón aparente que justifique el extraño proceder de la Consejería", sostiene el fiscal.

Sobre el informe Lamela, desmontado antes por la Sociedad Española de Epidemiología, el escrito del fiscal afirma: "Tras un examen promenorizado del informe se puede afirmar que las conclusiones carecen de apoyo científico que las sosporten o bien aportan datos intrascendentes. No aporta indicio alguno de mala praxis médica pese a que se afirme con toda rotundidad en las conclusiones. Señala que en 73 casos la sedación se ha realizado fuera de la lex artis ad hoc pero no define cuál sería el tratamiento acorde". El fiscal acusa al comité de "falta de imparcialidad" por su gestación y su composición (escorada a posiciones contrarias a la sedación y próximas a la Consejería) y señala que con "la inconsistencia y falta de rigor técnico del informe", no se puede extraer "indicio de actuación delictiva de los médicos".

El fiscal relata cómo en 2006 los expertos de la clínica médico forense negaron que existiera mala práctica aunque calificaron como dudosas cuatro de las sedaciones, dos de ellas por falta de información en la historia clínica y otras dos por tratarse de pacientes en coma. El fiscal destaca, basado en el criterio de la Sociedad Espalola de Cuidados Paliativos, que "es muy dicutible que la sedación de un paciente en coma se trate de mala práctica médica".

Ante la discrepancia entre los informes, el juez del caso encargó el último al Colegio de Médicos de Madrid sobre las únicas 15 sedaciones que quedaban como dudosas (tras analizar 369 historias de pacientes fallecidos durante años en las urgencias de Leganés). El fiscal asegura que en el informe del Colegio de Médicos, la Consejería de Sanidad "en lugar de mantener la neutralidad que por esencia se le demanda en un organismo público, abandona tal posición" al darle las conclusiones de su devaluada comisión de expertos. Este escrito contradice radicalmente al ex consejero de Sanidad de Madrid, que siempre afirmó que él no intervino en la tramitación y que dejó trabajar a la justicia.

"Lo primero que destaca del análisis del informe del Colegio de Médicos es la contradicción que se desprende entre el cuerpo del mismo y sus conlusiones", sostiene el fiscal. El Colegio de Médicos dice por un lado que las dosis de sedantes eran muy altas y a la vez concluye que "no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada". Pero es que en esos casos dudosos, como señala el fiscal, el colegio cometió errores de bulto. En un caso confundió "un shock hipoglucémico con un shock séptico", en otro caso confunde una infección urinaria con un shock séptico, en otro que el paciente ingresó a las 23.00 y pasó 12 horas sin tratamiento, cuando en realidad había ingresado a las 11.00. El fiscal afirma que es "un error tan manifiesto que priva de valor cualquier juicio posterior realizado por el perito". Por último resalta que hay errores coincidentes entre el informe de la comisión Lamela y el del Colegio de Médicos. El fiscal no sólo critica a la Consejería y a sus peritos, sino que califica de "incomprensible" que el juez ordenara investigar las historias consideradas con dosis excesivas, ya que hay abundante literatura científica de que no hay dosis máxima para tratar a un paciente agónico y que luego no evaluara el informe de la comisión Lamela, que fue el que sirvió como denuncia.

Finalmente, el juez archivó el caso el pasdo 22 de junio, aunque afirmó:" Se ha practicado mal la medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencia de ello". Montes ha recurrido para que se quiten esas afirmaciones del razonamiento judicial y el fiscal le apoya.