De la Vega: "Cada vez resulta más evidente que el Gobierno del PP no dijo la verdad y ocultó datos"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha optado hoy por circunscribir al ámbito electoral la petición de responsabilidades políticas al Ejecutivo anterior, dirigido por el Partido Popular, por su actuación en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Ayer, el PSOE hizo pública una declaración institucional en la que afirmaba que varios altos cargos del PP en esa época "están en deuda con los españoles y con la verdad". De la Vega ha dicho hoy: "Cada vez resulta más evidente que el Gobierno del PP no dijo la verdad, ocultó datos y retrasó la información".

En respuesta a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros celebrado esta mañana en Madrid, De la Vega ha diferenciado entre la vertiente judicial y la política de los atentados de Madrid. En cuanto a la primera, ha recordado que la postura del Ejecutivo es "dejar trabajar" y "colaborar con el tribunal" de la Audiencia Nacional que dirige el proceso. Respecto a las responsabilidades políticas, De la Vega ha señalado que "se dilucidan en las urnas y diciendo la verdad".

El PSOE pidió ayer cuentas al presidente del PP, Mariano Rajoy; a su secretario general, Ángel Acebes; y a su presidente de honor, José María Aznar, por su actuación tras el atentado, cuando eran, respectivamente, candidato a la presidencia del Gobierno, ministro de Interior y jefe del Ejecutivo. Los socialistas creen que, en las últimas sesiones del juicio, ha quedado "en evidencia que durante esos días (del 11 al 14 de marzo, día de las elecciones generales) que la policía transmitió una información al Gobierno y el Gobierno transmitió una información contraria a los ciudadanos" y, "muy singularmente" los tres responsables mencionados.

El PP respondió con un ataque al PSOE: "Utilizó la masacre del 11-M para ganar las elecciones y ahora lo vuelve a hacer para no perderlas. Y con los mismos métodos: la mentira y la manipulación". Los dirigentes populares recordaron el pasado socialista para acusar a este partido de mentir "del 11 al 13 de marzo", además de "para tapar los GAL" y "para tapar la corrupción".

En cuanto a la vertiente judicial, ayer el abogado Gonzalo Boyé, que representa a dos víctimas, planteó ante el tribunal que el Estado sea condenado como responsable civil de la matanza por "su falta de vigilancia o culpa in vigilando", al haber sido "negligente, de diversas formas, en su función de protección de la ciudadanía". El letrado considera que el Estado falló por "una errónea dirección política" en la "investigación y prevención de actos terroristas" y que, "tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar" los atentados. Una eventual condena por esta vía supondría un varapalo político al Gobierno de Aznar, ya que era el encargado antes y durante los atentados de esa prevención.