Batasuna acusa al Gobierno de incumplir pactos "firmados" pero recalca que "la oportunidad sigue abierta"
El Ejecutivo expresa su respeto a la decisión de la fiscalía de retirar los cargos contra Otegi, que el PP considera "un escándalo y una vergüenza"
Batasuna (organización ilegalizada por el Tribunal Supremo por su proximidad a ETA) ha hecho balance hoy del alto el fuego decretado hace exactamente un año por la banda terrorista, y ha aprovechado para acusar al Gobierno de incumplir los compromisos "firmados" con su gestión "nefasta" del proceso de paz. En cualquier caso, según ha señalado a los periodistas uno de sus dirigentes, Pernando Barrena, "la oportunidad histórica sigue abierta"; por ello, emplaza a todos "los agentes políticos", entre los que incluye a ETA, a asumir su responsabilidad para "posibilitar el diálogo" y reactivar así el proceso de paz.
Entre los compromisos que ha pedido para que "el proceso sea viable" se cuenta generar "un clima de no violencia" que permita el diálogo. Horas antes, otro dirigente de Batasuna, Joseba Permach, criticaba al PSOE por su forma de "gestionar el proceso" de paz. "Lleva a cabo ataques contra la izquierda abertzale y luego, en otro momento, abandona esos ataques mostrándolo como un gesto, y eso trae el enfado del PP y de los sectores ultraderechistas". "La izquierda abertzale tiende la mano y pone una propuesta encima de la mesa para lograr un acuerdo político y sacar adelante, de una vez, el proceso", añadía en una entrevista concedida a Euskadi Irratia a preguntas sobre la absolución ayer de Arnaldo Otegi.
Precisamente el Gobierno ha expresado hoy por boca de su responsable de comunicación su "respeto" por la decisión de la Audiencia Nacional de absolver al portavoz de Batasuna de un delito de enaltecimiento del terrorismo, al retirar anoche la fiscalía la acusación por falta de pruebas. El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ha acusado además al Partido Popular de "pretender derribar al Gobierno debilitando al Estado", por sus feroces críticas contra la decisión del fiscal. En la misma línea, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha mostrado convencido hoy de que las razones jurídicas en las que la se ha basado la fiscalía "habrán sido poderosas", y ha rechazado las "lecturas interesadas de algo que es pura y dura normalidad" de funcionamiento de los tribunales.
Preguntado en Televisión Española si la decisión de la fiscalía (un órgano que depende jerárquicamente del fiscal general del Estado, designado por el Gobierno) se puede interpretar como un gesto hacia la izquierda radical vasca, Moraleda ha dejado claro que "en política todo es interpretable y opinable", pero "ésa no es la cuestión". "La cuestión es la de pretender derribar a un Gobierno, debilitando al Estado para combatir el terrorismo, y para obtener de la energía que da la legitimidad que da la voluntad popular, una acción que acabe con la violencia y con uno de los problemas más importantes de nuestro país, probablemente el único que nos queda", ha dicho Moraleda. Arremetía el responsable socialista contra el Partido Popular, después de que el secretario general de esta formación, Ángel Acebes, asegurara anoche que la decisión de la fiscalía fue "un escándalo y una vergüenza" que "pisotea el Estado de derecho".
