Las empresas que contaminen estarán obligadas por ley a pagar y reparar el daño

La Ley de Responsabilidad Ambiental hará efectivo en España el principio de "quien contamina paga" y obligará además a reparar los daños que haya sufrido el medio ambiente y a devolver los recursos naturales al estado original en que se encontraban antes del daño. El Consejo de Ministros conoció hoy el anteproyecto de ley, que será revisado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado antes de su remisión a las Cortes, informó en rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

La titular de Medio Ambiente explicó que para que las empresas dispongan de recursos económicos para hacer frente a su responsabilidad la ley les exigirá una garantía financiera (como un seguro o un aval bancario) que se irá introduciendo de forma gradual a partir del año 2010. El Gobierno ha previsto además crear un Fondo Estatal para reparar los daños ambientales que se puedan producir en el dominio público estatal cuando no se pueda aplicar la nueva legislación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la principal novedad de la ley será que tanto las acciones de prevención como las destinadas a cubrir el daño causado se deberán ejecutar "de forma inmediata, sin esperar a recibir confirmaciones, instrucciones o decisiones de las autoridades". De la Vega destacó también que el causante del daño estará obligado a repararlo y advirtió de que no podrá sustituirlo por compensaciones económicas, y concluyó que a partir de ahora "quien contamina paga, y además limpia y repone; pagar ya no basta".

Importancia de la prevención

Narbona subrayó que la ley pretende evitar que la reparación de los daños causados al medio ambiente tengan que ser sufragados por las administraciones públicas y citó como ejemplo que durante los últimos siete años el Ministerio de Medio Ambiente ha desembolsado 183 millones de euros para reparar daños ambientales. Cifró en 75 millones de euros la inversión para reparar los daños ambientales ocasionados por una empresa minera en Aznalcóllar, y en 155 millones la inversión prevista para limpiar y recuperar las aguas del embalse de Flix (Tarragona), al que fueron a parar vertidos de sustancias contaminantes procedentes de industrias electroquímicas.

La ley, que transpondrá al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria que estará en vigor el 30 de abril de 2007, pretende además reforzar el principio de "prevención" para evitar que el daño llegue a producirse, y obligará a los operadores de las actividades económicas y profesionales a adoptar medidas de prevención.

La Ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas, a casi un millón de explotaciones agrarias, a las balsas mineras y a las actividades relacionadas con la utilización y liberación de organismos modificados genéticamente.

Compromiso del Ejecutivo

Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son aquellas que por su naturaleza entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana. Entre ellas están las relativas a la gestión de todo tipo de residuos, las relativas a la producción, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, el traslado transfronterizo de residuos peligrosos o las que manejan biocidas o productos fitosanitarios.

En todos estos supuestos, la responsabilidad se exigirá sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador, apuntó Cristina Narbona, quien subrayó que para otro tipo de actividades será también obligatorio reparar el daño que hayan causado, aunque sólo cuando se demuestre la culpa o la negligencia.

La ministra constató la voluntad del Ejecutivo de luchar contra la "impunidad" en materia medioambiental, y explicó que corresponderá a las comunidades autónomas hacer cumplir esta ley, excepto en los casos en los que el daño afecte al dominio público de titularidad estatal. Narbona aclaró que esta ley no se aplicará en el caso de riesgos que estén ya cubiertos por acuerdos internacionales o legislaciones específicas y citó entre éstos el transporte marítimo de hidrocarburos y mercancías peligrosas o los riesgos de origen nuclear.

Las sanciones a las empresas que incumplan la ley pueden llegar hasta dos millones de euros y prevén también la suspensión de la licencia de actividad.