La Fiscalía inspeccionará las condiciones de los centros de inmigrantes en Canarias

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, encabezará una inspección a los centros de retención de inmigrantes de Canarias para verificar si reúnen condiciones adecuadas para el alto volumen de internos que mantienen. Las inspecciones de esas dependencias, que empezarán esta misma semana en El Matorral (Fuerteventura) y proseguirán durante la próxima por el resto del archipiélago, se producen, según ha admitido el portavoz de la Fiscalía del TSJC, Guillermo García-Panasco, tras una "masiva llegada de inmigrantes que ha hecho que los centros estén especialmente llenos".

Por eso, la Fiscalía ha considerado adecuado controlar en estos momentos la situación de dichos centros, a fin de "evaluar si realmente reúnen condiciones para acoger ese alto volumen de personas", que hace semanas que superó la capacidad de las plazas para las que fueron ideados. García-En todo caso, Panasco ha subrayado que inspecciones como las que se pondrán ahora en marcha, y que llegarán progresivamente a todos los centros de retención de inmigrantes de Canarias -uno en Fuerteventura, dos en Gran Canaria y otros dos en Tenerife-, son una labor que, desde que existen esas instalaciones, desarrolla la Fiscalía varias veces al año.

En cada una de esas ocasiones, los fiscales encargados se ocupan de verificar cuál es la situación de las personas retenidas y, en caso de creerlo preciso, de elevar informes para instar a que se solventen las circunstancias que se consideren inadecuadas. Fruto de ese trabajo, la Fiscalía podía responder de las adecuadas condiciones que tenían todos los centros hasta hace unas semanas, cuando se comenzó a sobrepasar en esas dependencias la capacidad para la que fueron diseñadas, ya claramente superada días atrás. La situación actual ha aconsejado las nuevas inspecciones, ha admitido el portavoz de la Fiscalía.

Zapatero defiende su política

Mientras, el presidente de Canarias, Adán Martín, de visita hoy en Madrid, ha subrayado que el problema de la inmigración irregular "es del Estado" y ha considerado necesario abordar reformas legislativas urgentes, entre las que ha apuntado extender el periodo de internamiento de los sin papeles de los 40 días actuales a 65. En un encuentro con periodistas, Martín ha señalado que este plazo, que tienen ya otros países como Alemania, daría más tiempo para preparar los papeles y facilitaría las repatriaciones, lo que a su vez disminuiría el efecto llamada. Otras de las reformas que propone son la adecuación de la Ley del Menor a las nuevas circunstancias, introducir la posibilidad de perseguir judicialmente a los patronos de embarcaciones rescatadas fuera de aguas territoriales y agilizar la atención judicial en ciertas zonas con "juzgados volantes".

Todas esas medidas deben formar parte de una "política clara", que busque una "solución integral" al problema y que tapone todas las vías irregulares de entradas -cayucos y pateras, pero también puertos, aeropuertos y fronteras terrestres- para que la inmigración legal tenga sentido. Martín ha insistido en que no se trata de un problema de Canarias sino del Estado, que en su opinión está actuando de forma "tardía e inadecuada", por detrás de los acontecimientos, lo que ha dado "resultados escasos". Por su parte, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha informado de que en lo que va de año han sido repatriados 13.055 inmigrantes a países africanos y ha asegurado que el proceso de devoluciones iniciado con Senegal continuará durante semanas y meses.

Zapatero ha dado este dato en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz popular, Pío García Escudero, a quien ha asegurado que el Ejecutivo, al ofrecer un Pacto de Estado, no tiene como objetivo silenciar al PP. "En muchos casos, que no estén en silencio no nos viene mal", ha ironizado. Tras reconocer la envergadura del problema y la "enorme movilización" de esfuerzos para ayudar a controlar las fronteras, se ha mostrado convencido de que las gestiones desembocarán en los resultados deseados: la reducción "drástica" de la salida de inmigrantes en origen y la repatriación "efectiva y lo más rápido posible" de quien llegue a las costas españolas. Desde Bruselas, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno de "dar tumbos" y no tener "ninguna política de inmigración", y ha propuesto la prohibición en toda Europa de las regularizaciones masivas de inmigrantes.