Rubalcaba cree que se ha demostrado ante el PP que no hubo intervención para excarcelar etarras

El grupo socialista ha aplaudido la decisión del Supremo sobre el cumplimiento de penas por parte de los presos de ETA, y cree que se ha demostrado ante el PP que no había ningún intento de intervención política para excarcelar terroristas. También el PP ha aplaudido la decisión del Supremo de prolongar el encarcelamiento de Henri Parot hasta el 2020, aunque ha acusado al Fiscal General del Estado de cometer "un error tras otro" en la política antiterrorista. Por su parte, el Gobierno vasco ha cuestionado la decisión del Supremo, al considerar que tiene un matiz político y puede ser constitucional. Para la ilegalizada Batasuna, la liberación de todos los presos es condición necesaria si se inicia un proceso de paz.

Según ha explicado el portavoz del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la resolución del Supremo es una "decisión intermedia" que se sitúa entre el criterio de los fiscales y la posición de la Audiencia Nacional y cree que es una "fórmula hábil" que acata como político y que, como ciudadano, admite incluso que le gusta. A su juicio, con esta decisión, que sienta jurisprudencia, el Supremo también "dice no" a la teoría del PP según la cual el Gobierno había empezado a variar la política penitenciaria para excarcelar presos de ETA con vistas a un hipotético proceso de paz. Según Rubalcaba, frente al "dislate" del PP, el Alto Tribunal demuestra que no hay intermediación de la política en la Justicia.

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha aplaudido la decisión del juez de "correjir las actuaciones del Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado", que había apoyado el recurso de Parot contra la decisión de la Audiencia Nacional. "Estoy muy reconfortado, de la misma manera que lo estuve cuando el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska prohibió el congreso de Batasuna", ha insistido. Así, ha acusado al fiscal, Cándido Conde-Pumpido, de cometer "un error tras otro" en la política antiterrorista.

Posible inconstitucionalidad

Más escéptica se ha mostrado la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, respecto a la decisión del Tribunal Supremo, ya que para ella supone la eliminación de toda la política de redención de penas, "además de dificultar seriamente cualquier política de redención". Azkarate ha manifestado además que esta decisión tiene un matiz político, al realizarse con el fin de alargar la permanencia del etarra Henri Parot en prisión hasta 2020, "y puede ser inconstitucional". Para Azkarate, prueba del matiz político que está tomando la decisión del juez son las declaraciones del secretario general del PP, Ángel Acebes, de que la decisión del juez es un ejemplo de cómo debe funcionar el Pacto Antiterrorista".

Por su parte, la izquierda abertzale ha reaccionado con advertencias a la decisión del Tribunal Supremo de prolongar el encarcelamiento de Parot hasta 2020. El dirigente de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, ha asegurado que, en el caso de que se inicie un proceso de paz, no habrá presos de ETA en 2010. Para Barrena, la tregua sólo es posible si todos los implicados asumen compromisos y ha adelantado que "el momento de la verdad se está acercando". De acuerdo con esta postura, el secretario general del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, ha asegurado que el Gobierno y el PSOE "deben tener muy claro" que si se produce una negociación con ETA tendrán que "liberar a los presos".

Para la izquierda abertzale, una tregua de ETA sería un paso importante, pero no el único necesario para reactivar el proceso. Barrena ha explicado que "sería una gran noticia", pero sobre todo porque "significaría que se dan las condiciones objetivas para tomar ese tipo de decisiones". Para llegar a ese alto el fuego, Barrena cree necesario que haya "asunción de compromisos por parte de todos". Sobre la posibilidad de una tregua, Díez Usabiaga ha dicho que "en este momento no se puede tomar una decisión ciegamente" y tampoco "de un solo lado". Además, considera que son necesarias tres condiciones: "una decisión de ETA, una postura del Gobierno de admitir todo lo que decidan los partidos políticos y agentes sociales vascos y la configuración de la mesa de partidos".