La Fiscalía archiva las denuncias por las protestas en las sedes del PP la noche del 13-M

La Fiscalía de Madrid ha archivado las denuncias presentadas contra las concentraciones que se sucedieron el pasado 13 de marzo, un día antes de las elecciones generales, ante las sedes del PP en la Comunidad, una de ellas, la más numerosa, ante la central de la calle de Génova. El fiscal no considera que se haya cometido delito alguno en el transcurso de esas protestas.

Así lo ha acordado el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, en un decreto, que archiva tres denuncias, presentadas por un particular, la Junta Electoral Central (remitida por la Fiscalía General del Estado) y la Junta Electoral de Zona de Aranjuez.

El fiscal cree que en ninguna de las concentraciones se cometieron delitos de calumnia e injuria y rechaza igualmente que puedan haberse cometidos los delitos descritos en los artículos 140.1.f, 147 y 146.1.b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), porque "ni el sujeto activo es funcionario ni las actuaciones denunciadas se desarrollan durante un acto electoral".

No fueron actos de propaganda electoral

Por otra parte, el fiscal considera que de los hechos denunciados y de los lemas utilizados en las distintas concentraciones "no cabe deducir una incitación al resto de los ciudadanos a dar su voto a favor de determinada opción política o a retraerse de dicho voto". Recuerda que entre dichos lemas se encontraban los siguientes: "Manipulación", "No a la guerra", "Mentirosos", "Gobierno dimisión", "Aznar culpable eres responsable", "Vosotros fascistas sois los terroristas", "Aquí cabrones a dar explicaciones", "Manipulación, más información", entre otros. Por el contrario, "las consignas proferidas estaban dirigidas al Gobierno y no a otros ciudadanos y no eran más que la expresión de una crítica respecto de una actuación concreta del mismo".

Aunque, el decreto califica de "exacerbada" y "en ocasiones soez", las expresiones de disgusto de las personas convocadas, justifica que ésta se enmarca en un contexto "sumamente excepcional de emociones encontradas" tras los atentados del 11-M y la convulsión informativa que éstos trajeron. En todo caso, para el fiscal, dichas concentraciones no constituyen "reuniones o actos de propaganda electoral".

El fiscal también entra a valorar el "tratamiento informativo" de esas concentraciones, "tanto en cadenas de televisión como de radio", que considera que se enmarca en el derecho a la libertad de información. Miembros del PP y del Gobierno insinuaron que tras las protestas se encontraba el Grupo PRISA, y más en concreto, la cadena SER. Según el fiscal, "carece de relevancia penal, siendo los comentarios que se hubieran efectuado como consecuencia de tal seguimiento la mera expresión de pensamientos u opiniones respecto de hechos noticiosos que se estaban desarrollando".