Inflación, las cicatrices de la pandemia y una nueva ley: el triple reto de la vuelta al cole

Superado lo peor de la pandemia, seguramente no conviene exagerar el dramatismo de la inminente vuelta al colegio. Pero justamente por la extenuación que la crisis sanitaria ha dejado a su paso, tampoco parece prudente quitarle importancia a la magnitud de los retos que la comunidad educativa tiene ante sí a partir de las próximas semanas. El desafío no es menor: el profesorado tiene que empezar a aplicar una reforma que todavía está desentrañando, mientras trata de reparar las heridas, educativas y psicológicas, de la pand...

Superado lo peor de la pandemia, seguramente no conviene exagerar el dramatismo de la inminente vuelta al colegio. Pero justamente por la extenuación que la crisis sanitaria ha dejado a su paso, tampoco parece prudente quitarle importancia a la magnitud de los retos que la comunidad educativa tiene ante sí a partir de las próximas semanas. El desafío no es menor: el profesorado tiene que empezar a aplicar una reforma que todavía está desentrañando, mientras trata de reparar las heridas, educativas y psicológicas, de la pandemia sin gran parte de los recursos extra que se movilizaron para paliar sus efectos. Y a todo ello se suma un escenario económico que amenaza recesión, con subidas de precios que hacen saltar las alarmas ante los gastos que supone cada año para las familias el regreso a las aulas.

El punto de partida es, además, frágil: buena parte de los hogares con menores de 16 años (el 30,9% de las familias con dos adultos a cargo y el 57,7% de las monoparentales) no tuvieron el año pasado capacidad para afrontar gastos imprevistos, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Aunque se van publicando análisis que auguran que esta será la vuelta al cole más cara desde hace muchos años, habrá que esperar todavía unas semanas para saber exactamente la fuerza del golpe de la inflación (que en julio fue del 10,8%) sobre unos gastos que el año pasado fueron de unos 350 euros por estudiante de la escuela pública, 770 en la concertada y 1.030 en la privada, según una encuesta de la OCU. Las subidas, eso sí parecen claras, serán mayores en los centros privados, concertados o no, pues en ellos el coste de servicios como el comedor y el transporte se revisa cada año, y las empresas que los suministran han repercutido parte de los incrementos. Estos rondarán el 6% en el caso de los comedores y el 10% en el del transporte, según portavoces de sus patronales, Food Service y Confebús.

Buena parte de las familias de la escuela privada subvencionada se mueven en unos niveles de renta que les permiten sortear mejor las inclemencias inflacionarias (solo el 11% de sus alumnos pertenecen a entornos desfavorecidos, según datos del Informe Pisa). “No me parece que sea una subida muy fuerte, teniendo en cuenta cómo se han incrementado los precios en general, y que en los años anteriores no había subido nada”, comenta María, madre de dos alumnos de un colegio concertado de Valencia que pagará este año 760 euros al mes, 381 por cada crío, un 8,6% más, debido a las subidas del comedor y el transporte y el aumento del salario del personal del centro.

Pero en estos colegios concertados también se encuentran situaciones como la de Karina, una mujer desempleada que cuida sola de su hija, alumna de primaria, en Madrid, y recibe ayuda de Save the Children. Para ella, la situación ya está siendo dura. “El supermercado está muy caro. Los productos frescos, la carne… Todo ha subido mucho. Y ahora con el colegio… Es un montón de dinero, estoy estresada, la verdad”. Karina espera que le den beca del comedor y cuenta con que le presten los libros de texto, pero calcula que tendrá que comprar una mochila, material escolar y este año, por primera vez, “uniformes”, porque la plaza que la Consejería de Educación le ha dado cerca de su casa, en el barrio de Vallecas, ha sido en un concertado. La alternativa era tener que seguir cogiendo el metro para llevar a su hija a la escuela pública en la que ha estado matriculada los últimos cursos.

En los centros públicos, los precios del comedor y el transporte los fijan las administraciones, que realizan adjudicaciones por dos o cuatro años. Y los aumentos serán seguramente más moderados que en la privada allí donde lleguen a producirse, como en las escuelas catalanas, donde el comedor lo hará un 3,3%. Además, en muchas comunidades, la gran extensión de la gratuidad de los libros de texto y de los servicios de préstamo alivian a los padres de la pública, y en algunos territorios también de la privada, uno de los grandes pesos de la vuelta al cole. El Ministerio de Educación ha transferido este verano 58 millones de euros a las comunidades para financiar estos programas.

Tres niñas pequeñas: 500 euros y libros y otro material

Al sevillano Florencio Ruiz, sin embargo, le quedan un par de años para beneficiarse de las ayudas que tiene su comunidad; la Junta de Andalucía empieza a dar los libros gratis en primaria, y sus hijas todavía están en infantil. Los manuales de las mayores ―mellizas de cuatro años, que asisten a un centro público― han salido por 158 euros cada una ―más 30 euros para materiales―, y los lápices y pinturas de la pequeña ―tiene 10 meses y acude a una guardería― cuestan 155 euros. En total, la factura ronda los 500 euros. “Nosotros trabajamos los dos y afrontamos el golpe, pero me pongo en la piel de los que solo trabaja uno en la pareja y les habrá fastidiado hasta el verano. En el grupo de padres del colegio había algunos más indignados por el precio [que alcanza los 186 euros, en función de la librería] que sí piensan hablar con el centro porque lo ven desorbitado”, explica.

La escuela pública, pese a las dificultades que también afrontan en ella muchos padres, está guareciendo más a las familias de la escalada de los precios que la privada, como muestra el ejemplo de Karima Chedid, presidenta del Ampa del colegio Ausias March de Madrid, situado en el distrito de Villaverde, una zona trabajadora del sur de la ciudad. “Yo tengo tres hijos y para mí el inicio de curso no es un problema. No tener que gastar en uniforme escolar me viene muy bien, porque heredamos mucha ropa, [así que] chándales y demás no les compro. Me los dan y los voy pasando de unos a otros. Luego, en Madrid hay un plan público que te financia los libros y en el que entran todos, menos los de Religión y el de Música. El año pasado me habría gastado sin este plan 200 euros en libros de texto y me gasté 30, porque como mis hijos no hacen Religión solo tuve que comprar el de Música”, explica Chedid, que es empleada de banca.

En su colegio, los padres de cada clase ponen un bote común a principio de curso con el que se va comprando todo el material que los chavales necesitan durante el año: lápices, bolígrafos, cuadernos… Y así, dice Chedid, además de salirles más barato por comprar una cantidad mayor, todos los niños usan lo mismo independientemente de la situación económica que haya en su casa. “También reutilizamos material de un curso a otro. ¿Para qué quiero comprarles un estuche todos los años? Con uno que utilicen hasta que esté fatal vale”.

El reciclaje puede ser una buena alternativa ante unas subidas que ya se intuyen, pero que aún están por concretar, pues las definirá la inflación de agosto y septiembre. Detrás del mostrador, Domingo Martí explica cómo está la cosa en su papelería en Valencia: “Hace un año, un paquete de 500 folios costaba 3,95 euros y se ha plantado en cinco. Y eso el barato. Los bolígrafos Bic los tengo igual que el año pasado, a 50 céntimos. Y los Pilot también, a 1,60. Otras cosas como las carpetas tampoco han subido, pero porque tampoco he traído todavía el nuevo stock y no sé a cuánto voy a pagarlas yo”. En cuanto a los libros de texto, los datos oficiales de inflación de julio no registran todavía subidas importantes: fue el 1,5%. Un análisis realizado por este periódico con libros de nueve asignaturas troncales de tres de las editoriales más vendidas muestra aumentos que oscilan entre el 2,3% y el 13% en ocho de ellos, mientras que el noveno se vende más barato ahora que hace un año.

Hay que esperar para ver si el coste del papel (disparado un 23% interanual) repercute finalmente en el precio de los manuales. Las compras este año van a retrasarse más de lo normal porque casi la mitad de los territorios han retrasado al día 12 de septiembre el inicio de las clases, al menos en secundaria, y porque la tardanza del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en aprobar los nuevos currículos escolares ha hecho que muchos colegios e institutos no hayan decidido aún cuáles utilizarán.

Los directores de colegios: “Empezamos con gran incertidumbre”

Vicent Mañes, presidente de la Federación de directores de colegios públicos de infantil y primaria (Fedeip), coloca esos retrasos de los desarrollos legislativos entre las preocupaciones docentes ante el arranque del curso. “Empezamos con gran incertidumbre, tanto por si llega ya definitivamente el fin de las medidas extraordinarias frente a la pandemia, como, sobre todo, por los cambios curriculares que se nos vienen encima y que nos han venido de una manera un tanto precipitada, con la aprobación tardía del currículo y las adaptaciones a las diferentes comunidades autónomas, que en algunos casos han llegado, como la Comunidad Valenciana, en el mes de agosto”, enumera el también director del colegio Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja.

El curso pasado ya entraron en vigor algunas novedades importantes de la reforma educativa aprobada en diciembre de 2020 (la Lomloe, conocida como ley Celaá). Entre ellas, las nuevas normas para promocionar y titularse, que tratan entre otras cosas de relegar las repeticiones de curso tan frecuentes en España ―una medida tan cara como ineficaz, según el consenso académico internacional― a un plano muy excepcional, pues son los profesores los que deciden, independientemente de los suspensos, si la mejor opción para un alumno es pasar de nivel o repetir. Pero este año llegan los nuevos currículos a los cursos impares de cada etapa (primaria, ESO, bachillerato y FP), que son los que traen consigo uno de los cambios más profundos que propone esta ley: ya no se trata de que los alumnos aprendan una serie de contenidos, sino que sepan aplicar los conocimientos y relacionarlos entre sí. Se trata de enseñar por competencias, algo que va en la línea de la mayoría de países de la OCDE y que ya hacían desde hace tiempo muchos centros españoles, según defiende el ministerio ante las críticas de quienes rechazan este modelo.

A partir de ahí, cada comunidad ha hecho sus propios desarrollos, con más o menos matices ―Madrid y Murcia, por ejemplo, han puesto requisitos extraordinarios para pasar de curso―, que son los que los docentes tendrán que interpretar para bajarlos al detalle del día a día. Así, entre instrucciones mucho menos claras de lo que les gustaría ―”Nos sentimos desamparados”―, Mañes protesta además por la pérdida de recursos: “La reducción de recursos que ya empezamos a padecer el curso pasado, porque la mayoría de las comunidades dejaron de proveer de personal para adaptarnos a la pandemia”. Una retirada que se produjo sobre todo en infantil y primaria, más que en la ESO y bachillerato, por las diferencias que preveían al respecto sus protocolos sanitarios. Mañes habla de “ocasión perdida”. También Esteban Álvarez, presidente de Adimad (Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid) y miembro de la federación estatal Fedadi. “Es evidente que las bajadas de ratios [el número máximo de alumnos por aula, que obligarían a aumentar el profesorado] mejoran los resultados. Lo hemos visto durante la pandemia: con cuatro o cinco chicos menos en 1º y 2º de la ESO, hemos tenido mejores resultados que nunca”, defiende.

Asegura que muchos profesores se sienten insultados por el debate planteado entre bajadas generales (y menores) de ratios en todo el sistema o bajadas mayores solo allí donde más falta haga por la dificultad del alumnado, como defienden numerosos especialistas. “La diversidad del alumnado de secundaria es enorme y se da en todos los centros”, añade. Y Mañes insiste en los beneficios de mantener el aumento de profesorado de los últimos años, sea “bajando ratios o aumentando el número de profesores en el aula, lo cual también permite adoptar otro tipo de medidas para atender a la diversidad”.

Sobre la puesta en marcha de la nueva ley, Álvarez habla de “cansancio” y de “escepticismo”. Tal vez, asegura, si el ministerio hubiera implicado a todo el profesorado en la redacción de los currículos ―a través de comisiones o consultas como ocurre en otros países― su puesta en marcha contaría con más apoyo. “Habría ayudado mucho a que la sintiéramos nuestra”. En todo caso, explica que los cambios que trae la ley requieren para generalizarse y consolidarse en las aulas de mucho tiempo, de varios años ―el ministerio es perfectamente consciente de ello―, lo cual aumenta el escepticismo del profesorado, según este director del instituto público Sierra de Guadarrama, en el municipio de Soto del Real: “Si piensas que dentro de nada hay elecciones y que, si cambia el signo del Gobierno, el principal partido de la oposición [el PP] ya está preparando una nueva reforma, pues te lo tomas con calma, la verdad”.

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