Los partidos ante la crisis de la vivienda: tres modelos diferentes para un desafío de época

Aunque no escasean los temas políticos candentes —inmigración, cupo catalán, incluso ETA—, la vivienda es ya un fijo entre l...

Aunque no escasean los temas políticos candentes —inmigración, cupo catalán, incluso ETA—, la vivienda es ya un fijo entre los estelares. Y nada indica que vaya a bajar de ahí, más aún cuando la calle se agita y se suceden los datos que ilustran las dimensiones del problema, los últimos sobre el aumento de los desahucios en alquileres. Con las competencias repartidas entre comunidades —principales responsables—, ayuntamientos y Gobierno, ni el PP ni el PSOE pueden limitarse a culpar al otro. Así que, bajo la presión de inminentes protestas, los dos principales partidos, y las instituciones que gobiernan, están moviendo ficha.

Pese a que se producen más anuncios que medidas y más medidas que balance, la diferencia entre los modelos de socialistas y populares es nítida. A ambos se añade Sumar, que marca terreno propio. “La ley estatal, con sus limitaciones, al menos ha servido para menear el debate. Eso permite ver qué defiende cada cual, aunque muchas veces las medidas son meros dispositivos al servicio de discursos ideológicos con poca repercusión”, analiza el geógrafo especializado en vivienda Ibán Díaz, autor del ensayo Vender una ciudad.

El ejemplo catalán del PSOE. La posición del PSOE no es fácil. Aunque se esfuerza en desplazar el foco a las comunidades del PP, el Gobierno se colocó en el punto de mira con el impulso de la ley aprobada en 2023 y con el anuncio de Pedro Sánchez de que esta sería “la legislatura de la vivienda”.

El principal activo socialista es precisamente la ley. Pese a contar con un amplio listado de previsiones —ampliación del parque público hasta el 20%, medidas antidesahucios, 40% de reserva de suelo para vivienda protegida—, la atención sobre sus efectos se centra en su faceta más mediática: la pretensión de contener el precio del alquiler. Y ahí el Gobierno ha recibido buenas noticias: los precios han caído un 5% en el segundo trimestre en 140 municipios declarados tensionados en Cataluña.

El dato, que presenta el reverso de un descenso en los contratos, interrumpe “una tendencia de 11 trimestres” seguidos de subidas, destaca un portavoz del Ministerio de Vivienda. El PP queda “en evidencia”, añade un portavoz del PSOE. El discurso de los socialistas está claro: las 11 comunidades presididas por el PP se quedan sin excusa para no aplicar el control de precios.

Pronto será posible saber si el caso catalán es excepcional o marca tendencia. El Gobierno vasco del PNV y el PSE ha declarado Errenteria municipio tensionado. Los Ejecutivos de Navarra y Asturias, con presidencia socialista, han expresado su voluntad de recurrir a esta medida. Castilla-La Mancha, sin embargo, se ha mostrado más distante sobre esta posibilidad.

¿Qué más anota Vivienda en su balance? Destaca la subida del presupuesto estatal de 473 millones en 2018 a 3.472 en 2023 —más del 70% con fondos llegados de Europa— y la “movilización” —concepto que abarca todas las fases de producción de una vivienda, desde el acuerdo para su construcción previo a la licitación— de más de 80.000 inmuebles, todo ello dentro del intento de cumplir el compromiso de aumentar el parque de alquiler asequible en 184.000 casas esta legislatura. No todo será vivienda nueva. En esas 184.000 casas prometidas entran, por ejemplo, 11.000 de la Sareb. Preguntado sobre el número de inmuebles ya finalizados o entregados, el ministerio responde que actualmente está “estudiando” los distintos “grados de ejecución”.

El PSOE pone como ejemplo a seguir a Salvador Illa, que anuncia una inversión de 1.100 millones al año para acercarse a su objetivo de 50.000 pisos protegidos en 2030. No es la única forma de los socialistas de presionar al PP. También presentarán iniciativas en los parlamentos autonómicos para exigir la calificación permanente de las viviendas protegidas (es decir, que no puedan nunca venderse a precio de mercado libre) y evitar así que se especule con ellas, propuesta que ya han lanzado en Madrid. No parece fácil que prospere. En junio, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechazó esta opción porque “deteriora” los barrios. Esta iniciativa del PSOE recupera un artículo de la ley de vivienda tumbado por el Constitucional por invadir competencias autonómicas y se alinea con la normativa aplicada en el País Vasco (2003), Comunidad Valenciana (2017), Baleares (2018), Cataluña (2019) y Navarra (2022).

Si la referencia socialista en control de precios e inversión es Cataluña, el ejemplo citado por sus medidas contra la turistificación es Barcelona, donde Jaume Collboni pretende cerrar en cinco años sus 10.000 pisos turísticos. En el plano autonómico, el Gobierno de Asturias impulsa una ley para endurecer los requisitos de apertura de estos negocios. El Ministerio de Vivienda, por su parte, trabaja en un reglamento contra el fraude en el alquiler de corta duración, tanto turístico como de temporada. El paquete se completa con un cambio legal promovido por el PSOE para que los nuevos pisos turísticos necesiten el visto bueno de tres quintas partes de los vecinos del edificio.

“Inquiocupación” al BOE. El PP promete derogar la ley estatal y, mientras tanto, evita aplicar el control de precios en sus comunidades. ¿Pese a los datos catalanes? “La Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona señala que en el segundo trimestre se suele producir un descenso de precios por efecto estacional”, responde por escrito Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, partido que sigue rechazando de plano el “intervencionismo” de la ley estatal y ha esbozado su propio “plan integral”. A falta de los detalles —“los iremos desgranando”, dice un portavoz—, lo avanzado por dirigentes y mensajes oficiales del PP marca tres líneas, coherentes con su acción allí donde gobierna: más construcción, menos impuestos, lucha anti-okupas.

El plan prevé la construcción de 200.000 viviendas al año, gracias a medidas como “liberalizar suelo”, quitar “burocracia” y “dar seguridad para recuperar la inversión inmobiliaria”. “Estas 200.000 pueden sonar parecidas a las 184.000 del Gobierno, pero la diferencia está en los apellidos”, afirma Eduardo González de Molina, investigador de la University College of London. “El anuncio del PP alude solo de pasada al ‘alquiler asequible’. Todo apunta a una plan que no agranda el parque público ni evita la privatización de vivienda protegida”. Las propias previsiones del PP confirman una primacía de la vivienda libre. Martín afirma que la aspiración es acercarse a las 70.000 viviendas protegidas al año, lo que supondría un 35% de las 200.000.

La dirigente popular pone como modelo a seguir el Plan Vive de Madrid, Andalucía y Valencia, consistente en que la comunidad cede suelo a empresas privadas, que primero construyen y luego recuperan su inversión con alquileres “asequibles” durante décadas. En Madrid, el plan ha suscitado críticas por la existencia de desniveles en los suelos, un muro caído y precios superiores a algunos publicados en Idealista para pisos similares. Un portavoz del PP limita la caída del muro a una “incidencia” aislada vinculada a una colocación indebida de elementos en las zonas comunes. Sobre los precios, pide tener en cuenta que las viviendas del Plan Vive son nuevas y tienen aparcamientos y trasteros. El portavoz añade que, según los números de la Comunidad, los precios se sitúan en torno a un 25% por debajo del mercado, lo que explica que haya 21.000 demandantes en Alcorcón, 16.000 en Getafe y casi 10.000 en Alcalá de Henares.

En cuanto al tiempo de calificación de las viviendas protegidas, otro elemento clave de la política en este terreno, hay controversia en la Comunidad Valenciana. La Generalitat (PP) tramita actualmente un decreto que establece periodos máximos de entre 15 y 30 años de calificación para distintos tipos de inmuebles con protección pública, pero no fija plazos mínimos. María José Salvador, la consejera socialista que impulsó la norma de 2017, ha acusado a la Generalitat de “romper con el criterio de la permanencia en la calificación”. Un portavoz del departamento con competencias de Vivienda asegura que la Generalitat pretende establecer que la calificación se extienda obligatoriamente hasta el fin de los plazos. Ahora bien, añade el portavoz, si la redacción del decreto “genera algún tipo de duda” al no especificar el plazo mínimo, aún “se puede cambiar”. Salvador (PSOE) afirma que su partido estará “atento” para que se corrija.

La lucha contra los “okupas”, que serán “desalojados en 24 horas”, es vertebral en el plan del PP. Ya lo es en sus políticas. Al margen de las oficinas antiocupación pactadas con Vox —en Castilla y León recibía menos de una llamada al día de media en su arranque—, la ley que tramita el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía recoge medidas contra la “ocupación” y la “inquiocupación”, neologismo que va ya rumbo al BOE y que alude a los inquilinos que permanecen en el piso sin pagar el alquiler. Y los Ejecutivos de Marga Prohens (Baleares) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) han anunciado sendas leyes contra un fenómeno que, datos en mano, ni es usual ni va en aumento.

Si la ley estatal recoge deducciones para los arrendadores, la apuesta fiscal del PP va más allá. Su plan prevé exenciones para menores de 35 años, bonificaciones del 100% de Sucesiones y Donaciones para facilitar la emancipación y deducciones en el IRPF para caseros que saquen al mercado viviendas vacías. Esta puja fiscal va en la línea que el PP sigue a escala autonómica, con Madrid como ejemplo destacado, pero no único. En Extremadura, el Gobierno de María Guardiola impulsó la derogación el año pasado de un impuesto a grandes tenedores. En cuanto a Vox, cuya sintonía con el PP en vivienda quedó patente en sus pactos autonómicos —rotos en julio—, su patrón es llevar más lejos aún propuestas similares dentro de lo que el partido de extrema derecha llama una “reforma fiscal global”.

La discrepancia PP-PSOE no es total. Hay coincidencias. Ambos partidos están de acuerdo en conceder avales para hipotecas. Si el PP ya lo ofrece en comunidades que gobierna, el Ejecutivo aprobó en abril un convenio con el ICO para financiar con 2.500 millones avales para primera vivienda a menores de 35.

¿Y cómo actúa el PP ante el malestar por el turismo masivo y sus efectos en el mercado de la vivienda? El partido combina retórica dura desde Génova, acusando a la izquierda de “turismofobia”, con una variopinta gama de reacciones allí donde gobierna, especialmente en la arena municipal, con suspensiones de licencias o restricciones a los pisos turísticos en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o Málaga. En Baleares, la comunidad presidida por el PP con mayor presión turística, Prohens ha “garantizado” la continuidad de “todas las plazas reguladas”. La posición del PP se completa con su rechazo a la norma contra el fraude en el alquiler de temporada, que frenó junto a Vox y Junts.

Sumar se acerca a la pancarta. Con la calle bullendo y Podemos apretando, Sumar marca distancias con el PSOE. Es más, respalda la protesta de este domingo en Madrid, con promotores que cargan contra el Gobierno e incluso —como el Sindicato de Inquilinas— piden la dimisión de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. El desmarque abarca desde la retórica, que pone en el foco no solo a los especuladores sino al “rentismo”, hasta pullas a la ministra por apelar a la solidaridad de los caseros para bajar los precios. Pero no se queda en palabras. Sumar incorpora casi cada día alguna novedad a su propio catálogo de medidas.

Junto a la coincidencia con el PSOE en la valoración favorable del impacto de la ley en Cataluña, en que el parque público llegue al 20%, en regular el alquiler de temporada y en que la vivienda protegida sea permanente, el grupo de Yolanda Díaz añade propuestas como prohibir la compra sin fin residencial en zonas tensionadas, poner “límite” a los fondos de inversión especulativos, subir el IBI de las viviendas de más de 250.000 euros o añadir recargos del 50% a los pisos turísticos.

El principal referente institucional de Sumar con competencias tocantes a vivienda, el Ministerio de Derechos Sociales, que abarca Consumo, mantiene desde junio abierta una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia. ¿Balance? El departamento de Pablo Bustinduy ha solicitado información a las plataformas, ha pedido colaboración a la Federación Española de Municipios y Provincias y ha constatado que hay ayuntamientos —Denia y Altea, en Alicante, y Santa Cruz de Tenerife— dispuestos a colaborar, señala un portavoz del ministerio, que afirma que aún es pronto para ofrecer resultados. No es inusual: en vivienda, aunque suenen mucho palabras como “urgente” o “emergencia”, nada fructifica de la noche a la mañana.