El Gobierno explora entrar en Telefónica para reforzar el capital español tras el desembarco de la saudí STC

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, explora volver a entrar como accionista en Telefónica 26 años después de que culminara su privatización, según ha confirmado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con este movimiento, el Gobierno trata de defender la españolidad de la compañía de telecomunicaciones, que considera estratégica, tras el desembarco hace casi dos meses de Saudi Telecom Company (STC), la operadora estatal saudí. Los mercados han recibido la posible renacionalización parcial de la empresa con una subida de sus acciones superior al 1,5% para cerrar la sesión con un alza de casi el 1%, hasta 3,65 euros. La víspera, cuando empezaron a circular informaciones sobre una eventual entrada, el valor subió más del 3%.

La irrupción de STC, que posee un 4,9% del capital de Telefónica y tiene derecho sobre otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles, provocó un terremoto financiero y político cuando se anunció a principios de septiembre. La operación pilló por sorpresa al Gobierno, que desde entonces ha prometido aplicar “todos los mecanismos necesarios” para defender “los intereses estratégicos de España”. La adquisición de las acciones todavía está pendiente del visto bueno final del Ejecutivo, en especial por el Ministerio de Defensa, al ser la operadora una de las principales proveedoras de servicios digitales y de telecomunicaciones del Ejército (en estos casos, se exige que el comprador pida permiso oficial para comprar entre un 5% y un 10% de una empresa).

En un escueto comunicado, la SEPI explica que viene “monitorizando” la situación de la operadora española y que está llevando a cabo un “análisis exploratorio interno” relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete. “Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”, concluye el comunicado registrado ante el supervisor bursátil, un día después de que El Confidencial publicara la posible entrada del Estado en Telefónica y que el Gobierno evitara pronunciarse al respecto. “No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma”, subrayó el lunes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez.

La SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda, no especifica en el comunicado de este martes el porcentaje de capital que valora adquirir. Para tener presencia en el Consejo de Administración debería hacerse, en principio, con al menos un 5%. A precios de mercado actuales, supondría un desembolso de algo más de 1.000 millones de euros. Esta adquisición, que de realizarse en el mercado podría llevar meses, reforzaría el bloque de accionistas españoles en Telefónica: La Caixa y su brazo inversor Criteria poseen el 5,98% del capital y BBVA el 4,87%. El fondo Blackrock tiene el 4,98% y, de materializar STC su opción del 5%, su participación ascendería en total al 9,9% y sería el principal accionista. La operadora saudí está participada en un 64% por las autoridades de Riad y es la primera en su país.

Participaciones de Caixabank y BBVA

En este sentido, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha descartado este martes, en la presentación de resultados, que el banco vaya a ampliar su participación y ha resaltado que no es una inversión “estratégica”, sino que la tiene consignada en sus cuentas como “disponible para la venta”. No ha comentado nada sobre la posible entrada de la SEPI en Telefónica, más allá de destacar que “desde una perspectiva financiera, es positivo que los inversores se interesen por una compañía tan importante”. Caixabank, que tiene un 3,5%, ya indicó la semana pasada que no tenía planeado incrementar su participación.

La entrada de la SEPI en Telefónica supondría la vuelta del Estado al capital de esta empresa, que fue privatizada en dos fases en los años noventa. El proceso finalizó en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar. El peso del capital público sigue siendo considerable en algunos de los principales operadores de telefonía europeos, como es el caso en Alemania de Deutsche Telekom (30%), en Francia de Orange (23%) y en Italia de Italia Telecom (10%). Pero en ningún caso se ha producido una salida total del Estado y, después, una nueva entrada, como puede suceder con Telefónica.

De entrar en Telefónica, el Estado se convertirá en accionista de una empresa cotizada que opera en un mercado fuertemente regulado y que, hoy por hoy, es dominante en telefonía fija, móvil y acceso a internet. Otras empresas de telefonía totalmente privatizadas son Vodafone y BT en el Reino Unido, y Nos y Meo en Portugal.

Cooperación

Para la operadora STC, la entrada en Telefónica es clave para su “estrategia de expansión y crecimiento sostenible”, así como una muestra de confianza en el potencial “al alza” de la multinacional española, según indicó el lunes su consejero delegado, Olayan Alwetaid, en la presentación de los resultados del tercer trimestre. La empresa saudí todavía no ha pedido formalmente permiso, dos meses después de anunciar su desembarco en Telefónica, para ejercitar su derecho de comprar el segundo bloque de acciones del 5%, lo que puede ser una señal de que esté barajando renunciar a adquirir finalmente estos títulos y quedarse solo con el 4,9% ya en su haber.

“Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo con presencia en mercados principales como España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Esta inversión busca fortalecer la cooperación entre las dos compañías para que se beneficien de todas las oportunidades disponibles en el futuro”, dijo el consejero delegado en un comunicado.

La entrada del grupo saudí STC en Telefónica muestra el creciente interés de las compañías de Oriente Próximo por los operadores europeos. La fuerte competencia y la necesidad de grandes inversiones para el desarrollo de redes (especialmente el 5G) llevan castigando al sector hace más de una década en Bolsa y ha convertido a las grandes empresas en un objetivo fácil para los inversores, atraídos por la expectativa de una consolidación inminente en el mercado que revalorice las acciones. Los analistas opinan que estos movimientos suponen un aviso para que Bruselas facilite las fusiones en el mercado con el objetivo de crear empresas fuertes. El mercado está muy pendiente del veredicto en la UE sobre la gran fusión entre Orange y Másmóvil, cerrada en julio de 2022, que será clave para animar al sector a acometer nuevas operaciones.

“Si bien no existe mayor concreción sobre esta posible operación (en relación a la entrada de la SEPI), no podemos descartarla, dado que estaría en línea con las declaraciones del Gobierno en las que aludía a la necesidad de proteger los intereses nacionales y existen precedentes de esta intervención en compañías consideradas estratégicas (Indra)”, apuntaban ayer los analistas de Sabadell. De producirse, la entrada del Estado en Telefónica “permitiría dar el visto bueno a la operación de compra por la saudí STC, evitando así el overhang de una potencial desinversión en caso de denegarse, al tiempo que se dota de mayor estabilidad al accionariado de la compañía”, añadían.

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