Más de 150 grandes empresas europeas piden a la UE que “revise” su propuesta de ley de Inteligencia Artificial

Directivos y altos responsables de más de 150 grandes empresas europeas tienen dudas, y serias, sobre cómo planea la Unión Europea en convertirse en la primera región del mundo en regular la inteligencia artificial (IA). Les preocupa sobre todo, como han explicado en una carta abierta enviada a las principales instituciones europeas —Comisión, Consejo y la Eurocámara— que con los estrictos controles que esta normativa pretende imponer sobre todo a la IA generativa (como el ChatGPT) se ponga “en peligro” la capacidad competitiva de la industria europea ante sus rivales, sobre todo Estados Unidos. Si no se “revisan” aspectos clave de la normativa, se podría producir, advierten, una fuga de estas compañías a territorios menos regulados que el europeo.

“La legislación propuesta puede poner en peligro la competitividad y soberanía tecnológica europeas, sin abordar de manera eficiente los desafíos que estamos y vamos a seguir afrontando” en materia de IA, especialmente la generativa, advierten en la carta altos responsables, fundadores o accionistas clave de empresas insignia europeas como Airbus, Siemens, Orange, Publicis, Ravensburg o TomTom.

El Parlamento Europeo aprobó a mediados de mes su posición final sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA). Su versión es más estricta en materia de controles de transparencia y capas extra de seguridad sobre todo para la IA generativa que la propuesta original de la Comisión Europea y la aprobada por los Estados en diciembre. Ahora, bajo la presidencia española de turno de la UE, se deberá negociar a tres bandas un texto final, que se espera se convierta en norma para toda la UE como tarde en 2026, además de un modelo de legislación pionero en el mundo.

Es precisamente la mayor regulación de la IA generativa lo que más preocupa a las empresas, según la carta adelantada por el Financial Times y que ha podido consultar EL PAÍS. Para los firmantes, la propuesta de “regular fuertemente” estos modelos fundacionales hará que las empresas que los desarrollan y aplican deban afrontar “costes de conformidad y riesgos de responsabilidad desproporcionados”. Algo que, advierten, “podría llevar a compañías altamente innovadoras a trasladar sus actividades fuera” y a que los inversores “retiren su capital” de los proyectos europeos en materia de IA generativa, lo que provocaría una “laguna de productividad crítica entre los dos lados del Atlántico”.

Para los signatarios, es clave que la UE “aproveche esta oportunidad para crear igualdad de condiciones legalmente vinculantes”. Pero ello requiere, afirman, que los responsables europeos “revisen la última versión de la Ley de IA y acuerden una legislación proporcionada y con visión de futuro que contribuya a la competitividad europea a la par que protege a la sociedad”.

Uno de los co-ponentes de la Ley de IA, el socialdemócrata italiano Brando Benifei, ha respondido que toma nota de la petición, pero ha dejado claro que la Eurocámara no dejará de lado la protección de “derechos fundamentales” ante unas tecnologías que plantean muchas dudas por su potencial intrusivo y como instrumento de control estatal.

“Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando todas las inquietudes”, asegura Benifei. Pero para el italiano, que durante las negociaciones dejó clara la importancia de que la legislación haga que “el contenido de la IA sea reconocible y que los deep fakes no envenenen nuestra democracia”, el trabajo de los legisladores europeos puede abordar, y lo hace, “el impacto en derechos fundamentales” de la IA “sin obstaculizar la necesaria búsqueda de innovación y su aplicación para mejorar la sociedad”.

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