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La Fiscalía recurrirá la absolución del magnate del acero, una de las mayores fortunas del país

La Audiencia de Madrid sentenció que no existen pruebas contra José María Aristrain, acusado de un millonario fraude fiscal

J. J. Gálvez
José María Aristrain, en silla de ruedas, en la Audiencia Provincial de Madrid, en 2019.
José María Aristrain, en silla de ruedas, en la Audiencia Provincial de Madrid, en 2019.Europa Press

La Fiscalía no desiste en el caso Aristrain y, según confirman fuentes jurídicas, recurrirá la absolución del industrial vasco José María Aristrain, conocido bajo el alias de El magnate del acero y a quien le atribuye uno de los mayores fraudes fiscales de la historia reciente de España. El ministerio público ha notificado ya su decisión a la Audiencia Provincial de Madrid y mueve así ficha después de que esta dictase este enero una sentencia donde concluye que no existen suficientes pruebas para condenar al empresario por fingir que vivía en Suiza para no pagar impuestos. La Fiscalía llegó a pedir que se le condenase a una multa de 1.190 millones de euros y 64 años años de cárcel —que rebajó a 40 años de prisión durante la vista oral—.

Con esta iniciativa, la Fiscalía mantiene en la diana a Aristrain, una de las mayores fortunas del país. La revista Forbes cifra su patrimonio en 950 millones, sostenido mayoritariamente gracias al 2% que ostenta de ArcelorMittal, la mayor empresa siderúrgica del mundo. Además de numerosos inmuebles, también posee el 11% de Tubacex, el segundo mayor productor a nivel mundial de tubos sin soldadura en aceros inoxidables, según detalla la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La larga batalla del ministerio público y el industrial, cuya investigación fiscal comenzó hace más de una década, se saldó el pasado 11 de enero con un importante revés para la acusación. Los magistrados de la Audiencia de Madrid rechazaron la tesis de la Fiscalía con una extensa sentencia de 240 páginas, donde cuestionaron los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria. “La prueba de la acusación debe tener el carácter de concluyente, generando una certeza más allá de toda duda razonable”, argumentó la resolución: “La acusación viene obligada, no solo a acreditar su hipótesis acusatoria, sino a tratar de refutar la prueba de descargo que la contradice o que abona otra hipótesis exculpatoria [...] Debe recordarse que al acusado le basta con generar una duda en el tribunal”.

La Fiscalía sostenía que Aristrain diseñó una estructura societaria para evitar tributar en España por las ganancias que obtuvo de sus negocios entre 2005 y 2009, mientras fingía vivir en Suiza. “[No pagó] ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni por el Impuesto sobre el Patrimonio, ni por los dividendos y plusvalías obtenidas por las sociedades por él controladas”, subrayaba en el escrito de acusación.

Sin embargo, el empresario siempre defendió su inocencia y descartó un pacto con el ministerio público. Y los jueces de primera instancia le han dado finalmente la razón: “No se ha probado que Aristrain permaneciera en España más de 183 días en 2006, ni tampoco en alguno de los tres años siguientes: 2007, 2008 y 2009”. El caso se elevará ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que resuelva el recurso.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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