Un nuevo contrato social para un nuevo tiempo de progreso

UGT celebra a lo largo de este año su 130 aniversario (somos el primer sindicato de España y el segundo más longevo de Europa), reivindicando nuestro pasado, pero también realizando propuestas para lograr un país más próspero y justo para el conjunto de la ciudadanía, pero especialmente para los más desfavorecidos.

España ha atravesado una última década muy difícil, que ha dejado cicatrices económicas y sociales muy profundas y millones de personas heridas en muchos sentidos. Y ahora la recuperación económica es cada vez más desigual e injusta.

El auge de los populismos xenófobos y la desafección hacia la Unión Europea se nutre de ese malestar, olvidando que es la cuna de nuestro Estado de Bienestar.

En este escenario, es preciso construir un nuevo contrato social que permita conformar un proyecto de país duradero y sostenible, de progreso estable para todas y todos. Esta tarea requiere cambios sustanciales y urgentes en muchos ámbitos, que en UGT hemos agrupado en cinco grandes ejes:

Primero, atacar la precariedad laboral y promover empleo de calidad. El empleo que se crea ahora es esencialmente precario y mal pagado. Esto es ineficiente económicamente e injusto socialmente. Por ello, es preciso adoptar las modificaciones legales adecuadas para que la contratación sea fundamentalmente indefinida y con derechos, persiguiendo y desincentivando eficazmente el masivo fraude que se produce ahora. También debe impulsarse un pacto por la industria que aumente su peso en el PIB hasta el 20% y que convierta este sector en el principal motor económico y de creación de empleo estable y con derechos, y un pacto por el turismo y los servicios de calidad dirigido hacia el mismo objetivo

Segundo, un reparto más equitativo de la riqueza vía salarios. UGT y CCOO hemos firmado en los últimos meses acuerdos con medidas que contribuirán a mejorar esta situación: la subida del salario mínimo interprofesional a 850 euros al mes en 2020; la mejora de las condiciones laborales y del salario de los empleados públicos (entre un 6,1% y un 8,8% de 2018 a 2020); y el incremento de hasta el 3% anual del salario en la negociación colectiva (IV AENC), situando el salario mínimo de convenio en 14.000 euros al año en 2020. Pero no basta. Es preciso legislar para recuperar la primacía del convenio de sector frente al de empresa y mejorar reparto en las empresas entre salarios y beneficios, que no ha parado de desequilibrarse en favor de estos últimos.

Tercero, reforzar nuestro Estado de Bienestar. Sin ello, no será posible que la ciudadanía recobre la confianza en nuestro sistema democrático y político. Para eso proponemos asegurar un nivel de pensiones digno, estableciendo su revisión automática con el IPC y garantizando su financiación vía impuestos; activar de forma plena la ley de Dependencia, asegurando la percepción de sus prestaciones e incrementando sus cuantías; aumentar y extender la duración y cobertura de las prestaciones por desempleo; aprobar e implementar de una vez la Prestación de Ingresos Mínimos que propusimos UGT y CCOO, que beneficiaría a cerca de 2,5 millones de personas que no tienen empleo y están en situación de necesidad; garantizar el derecho a una sanidad universal, potenciando la naturaleza pública del Sistema Nacional de Salud y la equidad y gratuidad en el acceso a sus prestaciones; un pacto de Estado por la educación, en el que la formación profesional y dual desempeñe un papel fundamental; y hacer más asequible la vivienda, creando un potente parque público de viviendas sociales para el alquiler.

Cuarto, lograr una sociedad más igualitaria, en todos los ámbitos. Igualdad entre hombres y mujeres, comenzando por la aprobación de una Ley de igualdad salarial que equipare el valor del trabajo realizado por las mujeres al de los hombres, y abordando de manera inmediata actuaciones contundentes para erradicar la violencia machista. Igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, todos iguales, con los mismos derechos y oportunidades.

Quinto, conseguir un sistema tributario que recaude más y de manera más justa. Para sostener este contrato social es necesaria una política fiscal con una recaudación suficiente, equitativa o progresiva, pensada en cubrir las necesidades de las personas. España recauda 7,2 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la Zona euro, lo que supone unos 80.000 millones de euros menos. Cambiar esto es crucial para el desarrollo del país. Nuestro sistema fiscal es injusto, porque no pagan proporcionalmente más los que poseen mayores rentas, sino que el sistema recae, sobre todo, en las familias asalariadas. Es imprescindible acometer una reforma fiscal integral para garantizar mayores ingresos y un reparto más justo del esfuerzo, haciendo que paguen más las rentas del capital, las grandes empresas y la acumulación de riqueza.

Abordar este conjunto de reformas es una tarea ambiciosa y compleja, pero es imprescindible. El panorama político actual parece poco propicio para consensos, pero eso no rebaja la urgencia de estas actuaciones y de buscar complicidades que lo impulsen. Desde UGT, emplazamos al Gobierno a que lidere este proceso de diálogo para alcanzar un nuevo contrato social para promover una sociedad más próspera y justa.

José María Álvarez Suárez es secretario general de UGT