Las funerarias piden una ley estatal que regule el destino de las cenizas

La decisión de la Iglesia Católica de prohibir la tenencia en casa o el esparcimiento de las cenizas de un difunto fuera del cementerio ha generado la reacción de la patronal española de empresas funerarias. Panasef ha insistido al Estado que finalmente aborde la aprobación de una legislación estatal sobre este tipo de servicios, postergada en varias ocasiones, y que regule entre otras cosas el destino final de los restos provenientes de las cremaciones.

“El sector precisa de una ley nacional, consensuada por todas las partes, que nos permita trabajar en igualdad de condiciones y en la que se defiendan los derechos de las familias que necesiten de nuestros servicios”, ha pedido Juan Vicente Sánchez-Araña, el presidente de la patronal. Esta norma, han pedido desde Panasef, debería tener en cuenta el aspecto sanitario de la empresa funeraria.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, presentó ayer la Instrucción Ad resurgendum cum Christo que reemplaza a una de 1963 y donde establece nuevas medidas para evitar cualquier “malentendido panteísta, naturalista o nihilista” respecto al destino de las cenizas. Si bien la Iglesia acepta la cremación insiste en que prefiere la sepultura tradicional de los cuerpos pero prohíbe que el polvo sea esparcido en la naturaleza, conservado en los hogares o convertido, por ejemplo, en diamantes o árboles. Las cenizas, según el documento se deben mantener “en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o en una iglesia”.

Panasef presentó ayer un informe sobre el sector en el que revela que la cremación en España sigue siendo una opción poco popular. Ahora solo representa el 36% de los servicios, si bien hay una diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. En las capitales de provincia, por ejemplo, la incineración llega al 50% y en las grandes ciudades superan el 70%. El año pasado fallecieron en España más de 422.000 personas y se incineraron casi 152.000. España es el país europeo con más hornos y la capacidad instalada triplica la utilizada.

La falta de una ley estatal es una de las causas que el sector señala cuando se le pregunta por la diferencia de coste en los sepelios entre comunidades autónomas. Fue solo hasta el Gobierno de José María Aznar que el sector se liberalizo pero las empresas denuncian que los municipios pueden determinar ciertas condiciones para prestar el servicio lo que reduce la capacidad de operación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha alertado en varias ocasiones de la violación de la unidad de mercado. Solo Cataluña cuenta con una ley propia sobre el tema y un borrador de normativa estatal se quedó en el cajón en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

La patronal ha recordado que el trabajo de las empresas finaliza una vez que se entregan las cenizas de los fallecidos y por tanto no tiene control de su destino, a menos que se depositen en los cementerios. El coste de un nicho para el cuerpo o las cenizas representa casi un quinto del coste total del servicio funerario. Fuentes del sector aseguran que prácticas como convertir las cenizas en diamantes son muy anecdóticas.