La metamorfosis de Abengoa

Mañana se reúne el consejo de administración de Abengoa. Es la última reunión del actual consejo y, probablemente, la más importante después de más de 14 meses de penalidades (desde que en verano de 2015 comenzaron los padecimientos) a la espera de que más del 75% de los acreedores se sume al plan de reestructuración. Es el consejo que dará paso, y siempre que se consiga superar ese porcentaje, a la nueva Abengoa. En él se someterá a la aprobación de la conversión de la deuda en capital y la ampliación del mismo, el acoplamiento de las acciones A y B en un solo tipo de títulos, el cambio del consejo por otro nuevo y más reducido y la fecha de la junta general extraordinaria de accionistas, cuya celebración se prevé para el 22 de noviembre.

Para esa fecha ya habrá tenido que pronunciarse el juez de lo mercantil número dos de Sevilla, Pedro Márquez, que lleva el caso sobre la homologación del acuerdo de reestructuración. El magistrado contará con 15 días hábiles para aprobarla a partir de que los acreedores de Abengoa le hayan entregado la documentación pertinente con el apoyo de más del 75% del total de la deuda. Si no supera esa barrera, adiós acuerdo y adiós Abengoa, porque se daría paso a la liquidación, que es la peor solución para todos. Por eso, esperan alcanzarlo con holgura (el acuerdo de espera recibió el respaldo del 77%).

El periodo de adhesiones, que comenzó el 25 de septiembre, acaba el 25 de octubre, y una vez superado dicho trámite, está previsto que la entrega al juez del acuerdo de homologación sea el 26 o, como muy tarde, el 27 (el plazo legal concedido por el juez termina el 28 de octubre). Es decir, los 15 días hábiles para el auto del juez acabarían el 16 o 17 de noviembre. Una vez que el juez acepte el acuerdo se extenderá al 100% de los acreedores.

El consejo tendrá siete o nueve miembros, todos independientes menos el presidente

Los términos de la reestructuración de la deuda financiera, pactada el 11 de agosto, consisten en aplicar una quita del 97% del valor nominal, manteniéndose el 3% de vencimiento a 10 años sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. Las entidades acreedoras y bonistas pueden optar entre que el 30% del valor nominal se convierta en bono o préstamo o la capitalización del 70% del nominal del total de la deuda (algo más de 9.000 millones) a cambio del 40% del capital de la nueva Abengoa. Unas condiciones que la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, que agrupa a unos pocos inversores, considera “insultantes”.

La reestructuración supone la inyección de 1.200 millones de euros, de los que la mitad se destina a cubrir la financiación de 600 millones (en parte, ya recibidos) y la otra mitad queda disponible para operaciones ordinarias. Está previsto que los nuevos accionistas controlen el 95% del capital (en torno al 55% los bonistas y del 40% las entidades financieras) y el 5% los actuales accionistas entre los que están el grupo de las familias tradicionales encabezadas por el expresidente Felipe Benjumea a través de Inversión Colectiva, que se quedará con una participación cercana al 2%.

El consejo sufrirá una reforma total. Causarán baja todos los actuales y tendrá siete o nueve componentes, que a excepción del presidente serán independientes. Es decir, no habrá ningún representante de las familias fundadoras (ahora quedan tres). Este cargo será ocupado por Gonzalo Urquijo, toda vez que Antonio Fornieles cumple el mandato que asumió el 1 de marzo. El actual consejero delegado, Joaquín Fernández de Piérola, pasará a ser director general y no estará en el consejo.

El grupo venderá su filial de EE UU y baraja desprenderse de su sede de Sevilla

Fornieles se ha tenido que mover en un terreno embarrado, como anteriormente lo hizo José Domínguez Abascal, y gestionar ante las adversidades normales en una empresa que, pese a todo, ha logrado no desintegrarse del todo, evitando por ejemplo frenar el éxodo masivo de ejecutivos con que amenazaba la situación. Ahora la empresa se siente viva de nuevo.

No obstante, en 2016 las adjudicaciones bajaron a 800 millones, más de la mitad menos que en épocas de anteriores. El primer semestre de este año perdió 3.689 millones frente a los 72 de beneficio del año anterior, principalmente por el impacto de las menores actividades de bioenergía en EE UU y la UE y de las líneas de transmisión en Brasil. El plan prevé limpiar la cuenta y llegar a 4.200 millones de facturación en 2020.

Asimismo, prevé desprenderse de activos importantes, entre ellos la filial estadounidense Yieldco (ahora Atlántica), de la que tiene el 40%, y el proyecto de una planta de ciclo combinado en México. No se descarta tampoco la venta del complejo de Palmas Altas, en Sevilla, donde tiene su sede. En total, espera alcanzar unos 1.400 millones de ingresos con ese plan de desinversiones.