El Congreso de EE UU exige penas de cárcel por el engaño de Volkswagen

El Congreso de Estados Unidos ha exigido responsabilidades penales a Volkswagen y sus directivos por haber falseado de manera intencionada las emisiones de sus coches diésel. Michael Horn, máximo responsable del fabricante alemán para el mercado americano, no tuvo más remedio que confesar ante los legisladores que conocía el problema desde hace año y medio. Además, anunció que la compañía retira la solicitud para el certificado de los modelos 2016.

Los legisladores en el comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes no tuvieron compasión con Horn. El congresista por Nueva Jersey Frank Pallone fue rotundo al decir que el castigo a la empresa alemana debe ser severo y espera que se exijan responsabilidades penales contra los individuos, sin limitarse a sancionar al grupo. "Alguien deberá ir a la cárcel", disparó. Es la única manera, dijo el demócrata, de "acabar con esta cultura de negligencia" en la industria.

Uno tras otro, los legisladores pusieron en evidencia que este engaño fue "claramente intencionado". Los clientes de Volkswagen, señaló el republicano Tim Murphy, presidente del comité, compraron estos modelos anunciados bajo el emblema de "diésel limpio" porque pensaban que cumplían los límites de emisiones sin que eso afectara a su rendimiento ni a su eficiencia. "Todo esto está en el aire", lamentó la republicana Marsha Blackburn mientras el demócrata Peter Welch ponía el fraude a la altura del de Bernard Madoff y Enron.

"Mi primer coche fue un Beetle. Confié en este vehículo para que me transportara", relató Murphy al inicio de la sesión, "hasta el pasado septiembre". La demócrata Diane DeGette contó también que heredó de su abuela uno del año 1960. Ambos denunciaron que este caso representa una clara "violación de la confianza pública". Por eso exigieron que se revele el nombre de los responsables. Horn afirmó que se les identificará cuando concluya la investigación interna, aún en curso.

Fred Upton dejó claro que esta investigación en el Congreso es "solo el comienzo" y que se la toma muy personal porque considera que "Volkswagen ha traicionado a toda la Nación". Por eso apoya que se emprenda acciones criminales contra los responsables. "Es el momento de limpiar esto o de abandonar la carretera". El Departamento de Justicia tiene un expediente abierto para depurar responsabilidades. David McKinley también pidió "tolerancia cero" ante este tipo de mentiras.

Llamada a revisión

Lo más urgente, en todo caso, pasa por saber qué va a hacer ahora Volkswagen. Horn explicó que los ingenieros de la compañía están trabajando en una solución, que pasaría por instalar un sistema alternativo en los futuros modelos diésel. Por este motivo, la compañía procede a retirar la solicitud para que la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) le dé el certificado para vender los modelos de gasóleo 2016.

Eso significa que no habrá ventas de coches nuevos con ese motor durante meses. En paralelo se está trabajando en una solución técnica para los coches de distintas generaciones diésel que ya circulan, que sea aprobada por la EPA. La intención de Volkswagen es hacer una llamada a revisión en enero para los modelos más recientes. En el caso de los motores de segunda generación no será antes de mediados de 2016. Los de primera, el mayor número, tendrán que esperar un año.

"Quiero ser claro, asumimos la plena responsabilidad", dijo Horn en su testimonio, que hizo de forma voluntaria. "Estamos determinados en hacer las cosas de la manera correcta", añadió, "eso incluye aceptar las consecuencias de nuestros actos, aportar un remedio y empezar a restaurar la confianza de nuestros clientes, concesionarios, empleados, reguladores y el público en general".

La EPA destapó el engaño el 18 de septiembre. Sin embargo, Michael Horn admitió que internamente sabían de este problema desde mayo de 2014, cuando se dio a conocer el resultado de un estudio elaborado por la Universidad de Virginia Occidental en el que revelaba las emisiones de los coches en laboratorio eran significativamente inferiores a las que se registraban en condiciones normales de tráfico.

Secuencia del escándalo

“Cuando el estudio fue publicado, me dijeron que había un posible incumplimiento de las emisiones que podía remediarse”, admitió en su intervención, “también fui informado de que el incumplimiento de las reglas acarrea sanciones”. Pero no supo hasta el 3 de septiembre de la existencia del dispositivo. A partir de ahí explicó que a final de 2014 se empezó a trabajar en una solución técnica. El máximo ejecutivo de Volkswagen para América también subrayó que la decisión de instalar el dispositivo no fue corporativa, "sino de dos ingenieros".

Volkswagen calcula que se vendieron 11 millones de vehículos en todo el mundo con el sistema, de los que casi medio millón en EE UU. Esta primera audiencia en el Congreso se estructuró en dos paneles. Tras la intervención de Michael Horn fue el turno de Christopher Grundler, responsable de calidad del aire en la EPA, y Phillip Brooks, encargado de la supervisión de la Clean Air Act.

La agencia empezó a investigar a Volkswagen el mismo mayo de 2014 junto a las autoridades en California. Aunque no fue hasta julio pasado cuando descubrieron el verdadero motivo de la discrepancia en la medición de las emisiones. En ese momento se pusieron en contacto con Volkswagen y al mes se amenazó a la compañía con no dar la certificación a los modelos de 2016 si no había una admisión pública del engaño.

"Es una violación muy seria", dijo Grundler. La EPA no estableció aún la sanción a Volkswagen. La agencia que se encarga de la protección del medio ambiente, explicaron los dos funcionarios, está examinando en paralelo otros vehículos diésel para determinar si el sistema de control de las emisiones es el adecuado y cumple con los requerimientos de la legislación.

El comité de finanzas del Senado solicita, entre tanto, está buscando la manera ahora de recuperar los créditos fiscales a la eficiencia de los que se beneficiaron los clientes de Volkswagen. Se trataría de unos 50 millones de dólares, unos 1.300 dólares por vehículo vendido. Los legisladores buscan la manera de que sean restituidos al erario sin que eso afecte a los dueños de los vehículos afectados por el fraude.

Los senadores Orrin Hatch, republicano, y Ron Wyden, demócrata, consideran que el fabricante europeo engañó a las autoridades federales al falsear la certificación de sus vehículos. Así se lo han comunicado por carta a la plana mayor de Volkswagen en Alemania y en EE UU. La legislación establece que la compañía será sujeta a una sanción en el caso de que se produzca un problema con la certificación.