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AGENCIA TRIBUTARIA

"La Agencia Tributaria no pide el carné político a nadie", dice su director

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE/Archivo
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE/ArchivoEFE

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha dicho hoy que ni pide el carné político ni le interesa la ideología de ningún funcionario, ya que considera que pensar igual que otra persona no es garantía de mayor entendimiento a la hora de trabajar juntos.

Menéndez ha dicho en declaraciones a Onda Cero que el hecho de que ex altos cargos de la época socialista ocupen máximas responsabilidades en la Agencia es algo "absolutamente normal" que "no genera ningún problema", después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya asegurado que estaba llena de socialistas.

Para Menéndez, las declaraciones del ministro sólo ponen de manifiesto que no hay injerencia política, puesto que hasta ahora Montoro no conocía esta circunstancia.

Al respecto, ha asegurado que en lo que va de legislatura se han destituido a 104 personas que ocupaban puestos de libre designación en la Agencia, mientras que en igual periodo de la primera legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fueron destituidas 119 personas, el 12 % más.

Preguntado por la controversia generada por los informes sobre la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos, Menéndez ha explicado que se elaboró un primer informe en el que las rentas de la actividad de la sociedad se le adjudican a una única persona física, que es quien realiza, administra y gestiona la empresa.

"Eso se hace así siempre, porque es un criterio jurisprudencial consolidado que utiliza siempre para todos los contribuyentes de forma igual y general la Agencia Tributaria", ha dicho Menéndez.

Sin embargo, ha añadido, que el juez que instruye el caso, José Castro, solicitó otro informe en el que las rentas debían ser imputadas a la sociedad (y no a la persona física) de forma que "ese cálculo da una cuota inferior a 120.000 euros", el límite a partir del cual es considerado un delito fiscal.

No obstante, ha explicado que la Agencia Tributaria hizo saber al juez que el criterio más adecuado era el utilizado para el primer informe, si bien "quien toma las decisiones y quien sentencia es el señor magistrado".

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