El Gobierno luso alerta del impacto de otro revés judicial a sus medidas

El Gobierno portugués ha alertado sobre el impacto de otro revés del Tribunal Constitucional a sus medidas de ajuste, entre ellas la ley que facilita la salida de funcionarios, cuya sanción pospuso esta semana el presidente Aníbal Cavaco Silva por dudar de su legalidad.

Como sucedió el pasado abril con la polémica anulación judicial a varios ajustes incluidos en los Presupuestos de 2013, el líder del Ejecutivo conservador, Pedro Passos Coelho, avisó de que otra sentencia desfavorable a las medidas del Gobierno acarreará nuevos sacrificios entre los portugueses.

"Ya en el pasado algunos de esos riesgos se materializaron y no fue fácil superarlos, nos obligó a aumentar los impuestos que era una opción que no queríamos adoptar", manifestó el jefe de Gobierno durante la fiesta de su partido, el Social Demócrata (PSD-centro derecha), celebrada anoche en el Algarve luso.

La nueva norma sobre el funcionariado, sobre la que el Constitucional se pronunciará a comienzos de septiembre, es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas de Portugal y está incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros.

La misma pretende facilitar la desvinculación laboral de miles de funcionarios (especialmente profesores, el 40 % de los trabajadores públicos) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que, a partir de ahora, marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.

Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral, con derecho a la prestación por desempleo.

"Cualquier decisión constitucional no afectará simplemente al Gobierno, afectará al país", incidió Passos Coelho, quien destacó el crecimiento del PIB luso en el segundo trimestre (1,1 %, el mayor en la UE), después de más de dos años de una dura recesión.

El Constitucional, que actuó a petición del jefe de Estado, Cavaco Silva, y de los partidos de la oposición, ha evitado con dos sentencias en el espacio de un año -julio del 2012 y abril del 2013- el recorte de una paga extraordinaria entre los funcionarios y los pensionistas, así como rebajas en los subsidios de desempleo y enfermedad.

El último veredicto, que anulaba ahorros por valor de 1.300 millones, llevó al Gobierno a compensar esa suma con una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el aumento de 35 a 40 horas semanales de trabajo entre los funcionarios o el retraso de la edad de jubilación de 65 a 66 años.

Cavaco Silva, histórica figura del partido que lidera Passos Coelho, tiene pendiente para los próximos días sancionar o vetar el aumento del horario laboral en el funcionariado, que, sin embargo, ha desechado enviar al Constitucional para consultar su legalidad.

La reducción de los empleados públicos en Portugal es una de las recomendaciones expresadas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entidades que concedieron en 2011 el rescate financiero al país.

Ayer mismo se conoció que entre diciembre del 2012 hasta junio del 2013 cayó el 1,6 % el número de funcionarios, hasta los 574.946 (cerca del 12 % de la población activa), y se acerca así al 2 % de reducción anual exigido por el rescate concedido por los tres organismos, conocidos como la "troika".

Comparado con diciembre del 2011, cuando se contabilizaban 611.801 funcionarios, la contracción durante los últimos 18 meses fue más pronunciada, ya que la caída se sitúa en el 6 % (36.855 puestos de trabajo).

Tanto oposición de izquierdas, con el Partido Socialista (PS) a la cabeza, como sindicatos han censurado al Ejecutivo, pues consideran ilegal esta drástica reducción de empleados públicos y avisaron de que mermará la calidad de servicios esenciales, como la sanidad o la educación.

El Ejecutivo de socialdemócratas y democristianos, que tuvieron notorias tensiones internas el pasado mes, ha reconocido que prepara una reforma del Estado a instancias de la "troika" para lograr un ahorro fijo anual estimado de 4.700 millones de euros.

Antonio Torres del Cerro