Los ajustes que exige la troika a Portugal impidieron el pacto de Gobierno

La reforma del Estado que la troika pide a Portugal para que ahorre 4.700 millones de euros fue el escollo insalvable que hizo naufragar las negociaciones entre conservadores y socialistas para sellar un pacto de salvación nacional.

Los documentos divulgados sobre el desarrollo de las conversaciones entre el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha) y el principal de la oposición, el socialista (PS), revelan el abismo de sus posiciones ante esa reforma, que supone un refuerzo de las medidas de austeridad aplicadas desde hace dos años.

La reforma de la discordia ya está en preparación por parte del Ejecutivo luso, que planea aplicarla entre este año y el próximo, e incluye la reducción del número de funcionarios y cambios en el sistema de pensiones, como medidas de mayor impacto económico.

Para la coalición conservadora en el Gobierno, el "compromiso de salvación nacional" pedido por el jefe de Estado, Anibal Cavaco Silva, debía garantizar el apoyo de los socialistas en el Parlamento a esos recortes, aunque no se profundizaba en sus detalles y quedaban abiertos a una negociación.

Pero los socialistas exigieron, según el texto de sus propuestas, "parar las políticas de austeridad", entre ellas los ahorros de 4.700 millones de euros "acordados entre el Gobierno y la troika".

El PS también rechazó los despidos en la función pública y los recortes en las pensiones y los salarios.

Además propuso una reforma de la Justicia y la posibilidad de disminuir el numero de diputados en el Parlamento, pero sin llegar al total de ahorros previstos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y el Banco Central Europeos, conocidos como la troika.

El equipo técnico de esos organismos que supervisa el cumplimiento del programa de rescate luso "no tiene competencia política para tomar decisiones", según el documento socialista, que pide "la implicación de los responsables políticos" de los tres organismos para renegociar y reorientar el programa de ajustes luso.

Las posturas enfrentadas en torno a la reforma del Estado impidieron también que cuajaran las aproximaciones en otras materias polémicas como la celebración de elecciones anticipadas, que no llegó a concretarse en una fecha, según las propuestas reveladas por los dos mayores partidos lusos.

El PS y el PSD también se mostraron de acuerdo en que los socialistas se incorporaran a las reuniones con la UE y el FMI para proponer cambios en el programa acordado con los organismos internacionales a cambio del rescate financiero.

Revisar los objetivos de déficit y deuda o sustituir algunas medidas de austeridad por otras de igual valor -excluyendo nuevos aumentos de impuestos- eran algunas de las opciones ofrecidas por el PSD, a pesar de su reticencia a hablar de una "renegociación".

Conservadores y socialistas sí lograron llegar en sus fallidas conversaciones a un entendimiento para hacer énfasis en las políticas de crecimiento y empleo con el objetivo de revertir la severa recesión que, por tercer año consecutivo, atraviesa Portugal y la subida del desempleo, cercano al 18 %.

El líder del principal grupo de la oposición, António José Seguro, atribuyó el viernes el fracaso de las conversaciones, abiertas seis días atrás, a la "intransigencia" de la coalición conservadora, cuyos responsables decidieron no comentar hasta hoy la ruptura del diálogo.

La crisis de Gobierno abierta en Portugal hace 18 días por las discrepancias entre los partidos de la alianza conservadora de Gobierno queda ahora de nuevo en manos del jefe de Estado, el dirigente conservador Aníbal Cavaco Silva.

El presidente optó la semana pasada por convocar al pacto de salvación nacional, para garantizar el cumplimiento del programa de rescate, sin aceptar la recomposición de la coalición conservadora que le propuso el primer ministro, Pedro Passos Coelho.

Pero el líder del PSD reiteró el jueves, tras superar una moción de censura con la mayoría absoluta de la renovada alianza de Gobierno, que su Ejecutivo tiene condiciones para concluir el programa de rescate y los dos años que restan de legislatura.