La batalla sobre el futuro de Garoña continúa pese a la orden de cierre

La batalla sobre el futuro de la central nuclear de Garoña continúa pese a que hoy se hace efectiva la Orden Ministerial de cierre que el Gobierno emitió en 2009 y que el propio Ejecutivo estudia ahora matizar para que el cese de actividad no sea definitivo, al basarse en razones económicas.

La empresa propietaria de la planta, Nuclenor, que forman Endesa e Iberdrola, argumenta que el cierre no se debe a razones técnicas o de seguridad y asegura que conservará la plantilla de trabajadores y se mantendrá lista para volver a operar.

De hecho, en las últimas horas, Nuclenor ha emitido un comunicado en el que reitera que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, cuya aplicación supone un aumento de los costes de la planta en más de un 30 %.

Nuclenor recuerda que los indicadores de Garoña en los últimos cuatro años sitúan a la planta entre las mejores centrales nucleares del mundo de su tecnología, con un 94,78 por ciento de disponibilidad en 2012 y entre un 90 y 95 por ciento de factor de operación medio en la última década.

También señala que Garoña ha recibido evaluaciones positivas en cuanto a seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear español, pero también se ha sometido con éxito a seis evaluaciones de organizaciones internacionales en los últimos años.

Como garantía de su voluntad de mantener la central en condiciones óptimas de operación, Nuclenor ha recordado que en 2012, invirtió en la instalación más de siete millones de euros en proyectos exclusivamente destinados a la continuidad.

También entre los años 2009 y 2012, a pesar de tener un horizonte incierto, Nuclenor realizó inversiones por más de 50 millones de euros e incorporó a su plantilla a 25 nuevos profesionales.

Sin embargo, la planta, que es la más antigua de España y comenzó a funcionar en 1971, lleva parada y desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012 para evitar el pago de la nueva tasa sobre combustible irradiado, que supondría unos 153 millones de euros y haría la planta "inviable económicamente", según Nuclenor.

Para los grupos ecologistas, la planta está "cerrada de hecho", según afirma el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, que recuerda que cumplir los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear para que Garoña volviera a producir energía supondría no menos de 140 millones de euros de inversión.

El portavoz estatal de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que la "razón real" que lleva a Nuclenor a no querer que Garoña vuelva a operar es que es una "central obsoleta" y ni siquiera con las inversiones a que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear hay garantías de que no aparezcan nuevos problemas que obliguen a mayores inversiones o a un cierre definitivo.

En este contexto, grupos ecologistas y antinucleares han convocado para mañana la XXIV Marcha contra la central nuclear de Garoña, que en los carteles de la convocatoria figura como "la última marcha contra Garoña", aunque fuentes de la Coordinadora Antinuclear ya apuntan que es probable que haya más ediciones.

Mientras, el alcalde del Valle de Tobalina, donde está Garoña, Rafael González, asegura que los vecinos, igual que los trabajadores de la central, quieren que se aclare qué va a ocurrir finalmente con la nuclear.

En todo caso, pide que, "pase lo que pase", se realicen inversiones en la zona para que haya una alternativa económica, porque "de la planta dependen empleos directos, pero también negocios de los pueblos del entorno y parte de los impuestos municipales".

Pedro Sedano