Liberty Reserve, el golpe al blanqueo que salpica y enorgullece a Costa Rica

El golpe dado esta semana en EE.UU. a la empresa Liberty Reserve, acusada de blanquear más de 6.000 millones de dólares, ha sido recibido con orgullo por las autoridades de Costa Rica, que conocieron la noticia en un momento en el que el país se esforzaba por salir de la lista de paraísos fiscales.

"Tengo que celebrarlo, sin embargo mucha gente le da un tono apocalíptico y crítico. El sistema financiero y las autoridades de control funcionaron", explicó a Efe el director de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa.

El funcionario recalcó que "nadie en el mundo le ha dado un golpe al lavado como se lo dio Costa Rica" en el caso de Liberty Reserve y afirmó que su país tiene una "capacidad fuerte para decirle a los narcotraficantes que no laven aquí".

"Me siento orgulloso porque Costa Rica tiene la capacidad instalada de hacer lo que hizo, orgulloso porque tenemos un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos ante semejante labor", manifestó Gamboa.

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en torno al año 2009 con una serie de "transacciones sospechosas" detectadas por el sistema bancario nacional, que en 2011 derivaron en una investigación del Ministerio Público, tras negarsele a la firma su operación financiera.

Aún así, la organización siguió funcionando por medio de "compañías pantalla".

Según las autoridades costarricenses, a la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, en un proceso que el martes pasado condujo a la acusación de la firma en ese país.

Las autoridades federales estadounidenses calificaron a Liberty Reserve como el "banco de referencia del mundo criminal", que facilitó el blanqueo de 6.000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual.

Unos días antes de la acusación, se detuvo en España al fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y al marroquí Azzeddine El Amine, el "número dos" de la compañía.

Budovsky es un estadounidense que adquirió la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente le pagó una suma de dinero a cambio del matrimonio.

En Costa Rica vivía rodeado de lujos. Prueba de ello son los tres vehículos Rolls-Royce de colección que fueron decomisados por las autoridades y que podrían ser vendidos para financiar la lucha antidrogas, explicó la directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Marín.

La responsable explicó que Liberty Reserve movió en los bancos de Costa Rica en torno a cien millones de dólares antes de que se le interviniera una cuenta con 20 millones de dólares.

La acusación coincidió esta semana con un requerimiento de Costa Rica a Francia en el que le pedía que le revelase las razones por las que el país centroamericano aparecía en una lista de paraísos fiscales.

El pasado miércoles, el Gobierno galo aclaró que Costa Rica ya no figuraba en esa lista, similar a una de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que la nación centroamericana estaba en años anteriores.

Costa Rica logró salir de esa lista de países no cooperantes en materia tributaria el año pasado, tras firmar más de una decena de acuerdos bilaterales para el intercambio de información fiscal y efectuar modificaciones legales al secreto bancario.

En medio del caso Liberty Reserve, Costa Rica también recibió el jueves la invitación de la OCDE para iniciar negociaciones para la adhesión del país a esa organización en 2015.

Pese a que aseguran que el desmantelamiento de Liberty Reserve es un logro que debe enorgullecer a Costa Rica, las autoridades de este país reconocieron que el crimen organizado busca nuevas formas para lavar dinero y que aún se deben fortalecer los mecanismos para evitarlo.

Para ello, se incluirá a la Asociación Bancaria Nacional en un grupo de trabajo que incluye al ICD, autoridades judiciales y gubernamentales, que tiene como objetivo promover herramientas novedosas para atacar ese delito.

El Gobierno también anunció esta semana que impulsará una ley para la extradición de ciudadanos involucrados con el crimen organizado.

Esta ley pretende que "con ese cuento de venir a casarse aquí y adquirir la nacionalidad no se pongan a hacer torerías (delitos) y los podamos sacar y enviar a donde corresponde", expresó Gamboa.