La Audiencia Nacional agrava los delitos de Forum y Afinsa al ver una estafa continuada

Los jueces de la Audiencia Nacional que instruyen las causas de Fórum Filatélico y Afinsa consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de estafa cualificada, por lo que la pena a la que se pueden enfrentar sus responsables pasa de 9 a 13 años y medio de prisión.

Los magistrados Pablo Ruz -que instruye la causa de Fórum- y Santiago Pedraz -que investiga la de Afinsa- han dictado sendos autos en los que transforman las diligencias, que hasta ahora se tramitaban como procedimiento abreviado, en sumario, previsto para los delitos castigados con más de 9 años de cárcel.

Cuando la investigación, que se inició hace ya siete años, está a punto de concluir, los jueces han considerado que los hechos "revisten de forma indiciaria los caracteres de un presunto delito continuado de estafa cualificada", a los que se suman los de blanqueo, delito continuado de falseamiento de cuentas anuales y, en su caso, de insolvencia punible.

En su resolución, dictada a instancias de la Fiscalía, Ruz justifica esta calificación diciendo que en el caso de Fórum, el número de perjudicados asciende a 269.203 y que la cantidad supuestamente estafada es de 3.702.770,42 euros.

Ruz dice también que muchos de los afectados invirtieron más de 50.000 euros y que el informe de la administración concursal desveló un déficit patrimonial superior a los 2.843 millones de euros, "lo que determina la imposibilidad de devolución de las inversiones".

Mientras tanto, el informe definitivo de situación patrimonial de Afinsa señalaba que ésta tenía unas deudas de 2.443,75 millones de euros, frente a unos activos valorados en 812,64 millones.

Las dos causas cuentan con un total de 38 imputados -entre ellos el presunto cerebro de la trama de Fórum, Carlos Llorca, que se encuentra huido de la Justicia- y la Audiencia Nacional ha tramitado las denuncias de casi 480.000 perjudicados.

Fórum Filatélico y Afinsa fueron intervenidas el 9 de mayo de 2006 a raíz de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, insolvencia punible, administración desleal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.