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POLÍTICA NUCLEAR

Un año después del ATC, 5 millones gastados y ninguna "anomalía" en la ubicación

Un cartel indica la llegada a Villar de Cañas, el pueblo elegido para albergar la sede definitiva del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC). EFE/Archivo
Un cartel indica la llegada a Villar de Cañas, el pueblo elegido para albergar la sede definitiva del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC). EFE/ArchivoEFE

A un año de que el Gobierno anunciara la ubicación del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas, se han invertido cinco millones de euros sobre el terreno, y los estudios geológicos y ambientales realizados hasta la fecha no han detectado "sorpresas" o anomalías.

Los trabajos en Villar de Cañas (Cuenca), uno de los ocho lugares candidatos a acoger al Almacén Temporal Centralizado de Residuos de alta actividad (combustible nuclear gastado), se han centrado en analizar geológica y ambientalmente el suelo que lo albergará, con el fin de garantizar su seguridad.

Así lo afirma en una entrevista con EFE el jefe de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa, Pablo Zuloaga, que estima en cinco millones de euros lo invertido hasta hoy, de los que el 60 % corresponde a "la caracterización" del terreno y unos 600.000 a la compra de los terrenos (noventa hectáreas en dos fincas vecinas).

La legislación española exige que la solicitud de autorización previa de una instalación nuclear se acompañe de un estudio de caracterización (propiedades físicas y mecánicas, tales como la humedad, permeabilidad, resistencia, niveles de agua y porosidad).

En el plazo de diez meses o un año habrá datos "robustos y sólidos" para demostrar la seguridad del espacio, y a partir de ahí continuará la vigilancia del emplazamiento durante toda su vida.

Hasta la fecha, ha añadido Zuloaga, "no se han encontrado sorpresas" o anomalías en el terreno.

La mayor parte de los profesionales que trabajan hoy para el ATC son ingenieros y suman alrededor del medio centenar.

Además del estudio del terreno, su principal labor se centra ahora en lo que Zuloaga denomina "ingeniería de diseño de detalle", cuya licitación por valor de 30 millones de euros se encuentra en evaluación.

Existe un diseño genérico de la instalación -que contó en su momento con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear-, pero ahora hay que adaptarlo a las características o condiciones propias del emplazamiento conquense de Villar de Cañas: orografía, topografía, geología...

A continuación, Enresa presentará la solicitud de construcción al Ministerio de Industria, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, un informe no vinculante de Castilla-La Mancha y la pertinente declaración de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La petición será presentada por la empresa pública en torno a octubre de 2013 y, según la estimación de Zuloaga, la concesión se producirá a finales de 2014.

El ATC consiste en una nave blindada con paredes de casi dos metros de espesor que guarda el combustible gastado y los residuos de alta actividad en cápsulas selladas.

En la instalación se alojarán 20.000 elementos combustibles gastados (6.700 toneladas); 68 cápsulas de elementos vitrificados procedentes del reproceso del combustible gastado de Vandellós I; y 2.000 metros cúbicos de residuos de media actividad procedentes del reproceso del combustible gastado de Vandellós I y del desmantelamiento de las plantas españolas.

Junto al ATC se construirán "lo antes posible" un vivero empresarial y un centro tecnológico, para lo cual el Ayuntamiento de Villar de Cañas primero tiene que recalificar el terreno rústico que ha ofrecido para tal fin, ha señalado Zuloaga.

El centro tecnológico desarrollará investigación básica sobre combustible gastado, comportamiento de materiales y restauración ambiental.

El presupuesto total del ATC asciende a 927,3 millones de euros, de los que en la primera fase se gastarán 640 millones de euros, ha añadido el ingeniero de Enresa, que lleva vinculado a este proyecto desde hace muchos años.

Durante la primera parte del proyecto llegarán a trabajar hasta cien profesionales -la mayoría ingenieros-; después vendrá una segunda etapa de construcción con cerca de 500 trabajadores -que llegarán a los 600 en los "picos" de trabajo- , y en la fase de explotación una plantilla de algo más de un centenar, que se sumarán a las contratas de servicio.

La idea de construir un ATC comenzó a andar formalmente en 2004, fecha en la que el Congreso de los Diputados aprobó una resolución a favor de esta solución tecnológica.

Sin embargo, no fue hasta el 30 de diciembre de 2011 cuando se produjo la aprobación en Consejo de Ministros, un acuerdo que el BOE finalmente publicó el 20 de enero de 2012 y que Zuloaga considera como la fecha clave y definitiva para el arranque del proyecto.

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