Chevron pide investigar al contralor de N.York por el caso de Ecuador

Chevron pidió hoy que investigar al contralor (fiscal de cuentas) del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, por falta de ética en el caso que enfrenta a la petrolera y demandantes por daños medioambientales en la Amazonía ecuatoriana.

La petrolera presentó una denuncia ante la Comisión Conjunta sobre Ética Pública de Nueva York, con sede en Albany, la capital estatal, para investigar a DiNapoli y su equipo por "múltiples violaciones a la Ley de Funcionarios Públicos" del estado.

Chevron aseguró en un comunicado que el contralor usó su oficina para apoyar a los abogados de los demandantes ecuatorianos para presionar a la empresa a forzar un acuerdo "a cambio de beneficios recibidos de parte de los representantes de los demandantes".

La empresa alega que quienes apoyan a los demandantes, entre otras cosas, han realizado contribuciones financieras directas a la campaña de DiNapoli que superan los 60.000 dólares, "así como otros beneficios políticos".

"Este tipo de conducta constituye una aparente violación de sus responsabilidades éticas y legales que merece una investigación", afirmó el vicepresidente y consejero general de Chevron, Hewitt Pate, en el mismo comunicado.

La empresa dijo que, en un aparente intercambio de compensaciones, DiNapoli apoyó y usó su oficina para ejercer acciones en nombre de los demandantes, como patrocinar resoluciones de los accionistas y emitir declaraciones públicas contra de Chevron.

DiNapoli supervisa el Fondo de Pensiones del estado de Nueva York, dueño de más de 800 millones de dólares en acciones de Chevron, y la petrolera considera que, "aparentemente, incumplió sus obligaciones éticas y fiduciarias".

Así, recuerdan que la actual legislación prohíbe a funcionarios públicos de Nueva York tener "cualquier interés financiero o de otra naturaleza que esté en conflicto sustancial con el fiel desempeño de sus funciones".

La petrolera fue condenada en Ecuador a pagar más de 19.000 millones de dólares por los "graves daños ambientales" causados en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990, años en los que operó en el país Texaco, adquirida después por Chevron.

La empresa, que reniega de la justicia ecuatoriana, sostiene que se perpetró un fraude en su contra por parte de los demandantes que han iniciado acciones para cobrar el monto de la condena que en principio ascendía a más de 18.000 millones de dólares.