Cataluña culpa al Estado de la falta de liquidez y admite que adeuda 70 millones
Los consellers de Economía y de Bienestar y Familia, Andreu Mas-Colell y Josep Lluís Cleries, respectivamente, han comparecido hoy en la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre el dinero que en julio no se trasfirió a entidades sociales concertadas que prestan servicios de atención a las personas.
Según Mas-Colell, la Generalitat sufre "una crisis de tesorería" que comporta problemas de falta de liquidez, y de entrada, ha pedido disculpas a las entidades sociales que no han recibido los recursos de los conciertos que tienen estipulados con el gobierno catalán.
La crisis "se traduce en una falta de liquidez -ha dicho- que afecta a nuestras finanzas", una situación que se ve agravada por "la falta de mecanismos financieros que permitan proveer de recursos a la Generalitat con la tranquilidad suficiente".
"Cataluña -ha subrayado- paga muchos impuestos al Estado Español, y si España tiene razones para reclamar la colaboración de Europa, Cataluña tiene muchas más para pedirla del Estado".
Respecto a las entidades sociales, Mas-Colell ha recordado que el Govern ha cubierto, en primer lugar, las nóminas de funcionarios y de empresas públicas de la Generalitat, y después ha pagado a las 120 entidades dedicadas a políticas de empleo, centros con trabajadores que sufren discapacidades y "muchos hospitales".
En tercer lugar, ha explicado, se han llevado a cabo "los pagos sociales finalistas", en conceptos como la renta mínima, ayudas a la dependencia y complementos de atenciones especiales.
Lo que no ha podido ser garantizado este mes, ha reconocido, son los conciertos "tanto educativos como sanitarios y sociales", y el 20 de julio "ya supimos que estos últimos no podíamos cubrirlos".
El conseller Cleries, por su parte, ha pedido disculpas al Tercer Sector por "una situación que se produce muy a pesar nuestro".
Cleries ha querido dejar claro que "no es un impago, sino un aplazamiento", y ha reconocido que se debe dinero no sólo a entidades que dependen de su departamento sino a otras que están concertadas con los departamentos de Salud y de Enseñanza.
El 7 de septiembre habrá otra reunión con el sector, ha precisado, y ha negado que "volvamos a la época de la caridad, porque estamos hablando de contratos, y cuando se superan determinados tipos de demora -que en ningún caso se han producido en este caso, porque son de 8 meses- la entidad puede suspender el contrato con un mes de antelación".
En consecuencia, ha dicho, "ponemos por delante la vocación y el compromiso social, pero también hay una ley de contratos que nos obliga a ambas partes".
