El Parlamento italiano ratifica el pacto fiscal europeo y el MEDE
En dos diferentes votaciones, la Cámara de los Diputados (baja) dio el visto bueno a estas iniciativas comunitarias, que ya habían recibido el pasado 12 de julio, del mismo modo, la primera aprobación por parte del Senado italiano (Cámara Alta).
El separatista partido Liga Norte y el progresista Italia de los Valores (IDV), que conforman la oposición al Ejecutivo tecnócrata, votaron en contra del pacto fiscal, junto a cinco diputados de la formación de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), lo que hizo que el texto pasara con 368 votos a favor, 65 en contra y otras tantas abstenciones.
En una Cámara Baja que acusó una gran deserción de diputados a medida que avanzó la sesión, el número de consensos bajó posteriormente hasta los 325 en la aprobación del MEDE, que contó con 53 votos en contra y 36 abstenciones, en un pleno en el que ya solo quedaban 414 parlamentarios de los 630 totales.
El pacto fiscal, firmado el pasado 2 de marzo por todos los países de la Unión Europea con excepción del Reino Unido y la República Checa, sella su compromiso con la disciplina presupuestaria y limita el déficit público estructural anual al 0,5 por ciento del PIB.
Tras la firma de los jefes de Estado y de Gobierno europeos, se abrió un proceso para su aprobación en los Parlamentos nacionales y su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013, si cuenta con la ratificación de al menos 12 Estados.
Por su parte, el MEDE entrará en vigor cuando haya sido ratificado por países que sumen un 90 por ciento de total del capital suscrito de 700.000 millones, de los que 80.000 millones serán aportaciones directas de capital de países del euro y 620.000 millones capital movilizable y garantías.
Italia es el tercer mayor contribuyente del MEDE, con una aportación de unos 125.400 millones de euros, y en Alemania, país que más fondos aporta, la aprobación definitiva de este mecanismo está pendiente de la resolución en el Tribunal Constitucional de varios recursos de inconstitucionalidad, algo que se prevé que no se produzca antes de septiembre.
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