Convalidado el plan de ajuste pese al voto contrario de dos diputados de IU

Finalmente dos de los doce los diputados de IU -Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura- votaron en contra, pese al llamamiento que habían hecho al resto a rebelarse contra los recortes salariales y a que su formación es parte del Gobierno andaluz de coalición.

También el PP lo rechazó, mientras a las puertas del Parlamento unos dos mil docentes, sanitarios y funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, según los convocantes protestaban contra un plan que prevén denunciar ante los tribunales.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, justificó el denominado Plan de Reequilibrio Económico y Financiero de la Junta (2012-2014) en que se trata del instrumento "adecuado" para cumplir la obligaciones del objetivo de déficit, pero ha recalcado que el Ejecutivo autonómico la aplica por "responsabilidad".

Sin embargo, ha tildado de "injusto, insolidario y desproporcionado" el objetivo y los criterios del déficit que el Gobierno del PP "ha impuesto" a Andalucía.

Las medidas del plan, según Aguayo, vienen condicionadas por la minoración de recursos a Andalucía de los presupuestos estatales y los decretos de racionalización del gasto sanitario y educativo, que "inducen a despedir empleados públicos".

Las grandes cifras del plan, aprobado sin el acuerdo de los sindicatos, implican una reducción del presupuesto andaluz de 2012 en unos 2.500 millones, de los que casi 750 saldrán de recortes salariales de los funcionarios, empleados públicos y altos cargos.

La Junta ha hecho el gesto de reducir los salarios de los altos cargos un 7,5 % (2,5 % más de lo previsto) y prevé reducir entre 25 a 30 millones el recorte en el capitulo de personal, algo que los sindicatos ven insuficiente.

Además, se compromete a que no habrá ningún empleado público que como consecuencia de los ajustes perciba una retribución mensual inferior a 1.000 euros por jornada completa, y a establecer en un tope máximo del 10 % la disminución de la jornada laboral y en consecuencia de las retribuciones del personal temporal, frente al 15 % inicialmente planteado.

Carlos Rojas, portavoz del PP-A, calificó el plan como el "ataque más furibundo" a los servicios sociales públicos y de "golpe brutal" a los trabajadores públicos y denunció que la Junta ha optado por recortar en lugar de reformar la estructura "burocrática" del PSOE de 30 años de gobierno.

José Caballos (PSOE) justificó las medidas en que Andalucía no es una isla "ni puede situarse en la insumisión frente" a decisiones del Gobierno del PP, de la que dijo que "vamos a combatir democráticamente en el pleno, en la calle y los tribunales".

Ignacio García (IU) culpó de los ajustes a las políticas del Gobierno de Rajoy, que atribuyó a una doctrina ideológica a la que "no le importa la gente y no sirve para nada", si bien dijo que el Gobierno andaluz aplicaba los ajustes con el "menor daño posible".