La Audiencia Nacional cita a declarar a los Ruiz-Mateos

Entre el 18 y el 19 de octubre la familia Ruiz-Mateos está llamada a declarar. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados a José María Ruiz-Mateos, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal en las empresas de Nueva Rumasa.

En un auto, publicado hoy, el magistrado del Juzgado Central de Instrución número 5 también eleva de 13 a 30 millones la fianza que deberá depositar la familia Ruiz-Mateos para hacer frente a las posibles responsailidades pecuniarias que les exigen los inversores en pagarés que se han personado en las actuaciones penales contra ellos, que rondan ya los 300.

El patriarca de la familia Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus hijos Zoilo y Alvaro deberán ser los primeros en comparecer ante el juez, el próximo 18 de octubre, mientras que el resto de la familia y uno de los sobrinos, Zoilo Pazos Jiménez, han quedado citados para el 19 de octubre.

El juez Pablo Ruz decidió investigar a la familia Ruiz-Mateos el pasado mes de junio a raíz de una querella presentada por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados en nombre inicialmente de 63 particulares que invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa.

La admisión a trámite de esa querella, a la que se han adherido numerosos grupos de afectados, fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90,49 millones de euros.

La investigación persigue determinar el destino último de las cantidades que depositaron los inversores de Nueva Rumasa, que fue vendida por los Ruiz-Mateos a principios de septiembre a Ángel de Cabo, dedicado supuestamente a salvar empresas en crisis pero conocido por haber agravado la insolvencia de Marsans.

Una de las primeras actuaciones del juez Pablo Ruz fue declarar secreta la identidad de los peritos de Hacienda que investigarán el destino del dinero de los inversores en pagarés, debido al "riesgo cierto y probable" de que pudieran sufrir actuaciones para "debilitar su voluntad de colaborar con la Justicia".

Para justificar esa decisión, tomada el pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional ya avisaba de que la investigación de Nueva Rumasa versa sobre una "actividad delictiva grave", en la que resultaba clave el trabajo de los peritos.

Según los datos de la Agencia Tributaria que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, "Nueva Rumasa podría alcanzar un número mínimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja única y que actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".

La Agencia Tributaria caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, dos en Panamá y cuatro en Holanda, cuyo representante "suele ser uno de los que se consideran sus testaferros habituales".

La querella que ha dado lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional se dirige también contra Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa, que fueron las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés y que se encuentran mayoritariamente en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) junto a otras firmas de la familia.

El juez Pablo Ruz, apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado de momento incoar diligencias contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, como pedían los afectados, que les consideran responsables civiles subsidiarios.

El magistrado asegura que del examen de las actuaciones, tanto del contenido en la denuncia y querella interpuesta, como de lo informado por el Ministerio Fiscal, se deduce una apreciación de estar ante "defraudciones que produzcan o hayan podido producir un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados".