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La juez deniega el embargo de bienes a los consejeros del grupo Marsans

Los consejeros aprobaron las cuentas sin conocer el resultado de la auditoría con las presuntas irregularidades, según el auto

La juez ha denegado el embargo de bienes a los consejeros del grupo Marsans para cubrir el agujero patrimonial de 271 millones de euros que tiene la compañía turística, según el auto dictado hoy por el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. La petición formulada por el acreedor Mapa Tours y por la administración concursal afectaba a Carlos de Borbón y Dos Sicilias, primo del rey y consejero de Reyal Urbis y Cepsa, al antiguo vicepresidente de Banif Emilio Novela, y al empresario José Félix de Rivera García.

La solicitud también afectaba a inversiones Grundisan, sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán, a su hijo Gerardo Díaz Santamaría y al hijo de Gonzalo Pascual, Ignacio Pascual de Rivera. Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días. La juez Ana María Gallego concluye que "no se ha probado" que los consejeros conocieran antes de la firma el borrador de las cuentas anuales de la compañía turística que incluían desvíos de dinero a la matriz, Teinver, en forma de préstamos por 221 millones de euros. La juez considera "acreditado", según las pruebas documentales, que los consejeros firmaron las cuentas anuales del grupo Marsans el 28 de octubre de 2009 y que la auditoría donde se reflejaban las presuntas irregularidades está fechada el 23 de noviembre de 2009. Sin embargo, la juez señala que será en la fase de calificación del concurso de acreedores donde se "habrá de identificar a las personas" culpables de la insolvencia. Los administradores concursales ya han pedido que se declare la culpabilidad de Díaz Ferrán y Pascual el la insolvencia de la compañía.

A pesar de rechazar la medida cautelar del embargo, la juez considera que, al no contrastar las operaciones presuntamente irregulares, los consejeros del grupo Marsans "infringieron un deber esencial, el de diligencia del administrador" y que debieron impugnar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. "Una maniobra que engendra un auténtico fraude de ley", concluye en el auto.

Por su parte, Price Waterhouse Coopers, que elaboró el informe de auditoría del grupo Marsans, se negó a reflejar una opinión sobre el estado de las cuentas anuales de la compañía turística correspondientes al ejercicio 2008-2009, a situación de 28 de febrero de 2009.

La empresa turística tenía saldos pendientes de cobrar por importe de 189,6 millones de euros, pero otorgó garantías de 212,6 millones de euros a Teinver y a filiales como Air Comet o Astra. La juez considera así que los gestores de la compañía agravaron la situación de insolvencia al retrasar la presentación del concurso de acreedores.

Los primeros tres consejeros (Borbón dos Sicilias, Novela y de Rivera) dimitieron el 16 de noviembre de 2009 y el resto el 21 de diciembre de 2009, fecha a partir de la cual Díaz Ferrán y Pascual asumieron la gestión íntegra de la empresa hasta su venta en junio de 2010 a la sociedad Posibiitum Business, del empresario especialista en quiebras Angel del Cabo, a la vez que se declaró en concurso de acreedores.

Díaz Ferrán se desvincula del amaño del concurso para explotar

Gerardo Díaz Ferrán, se ha desvinculado del presunto amaño el concurso para la explotación de amarres en el Port de Mahón (Menorca), al asegurar ante el juez instructor del caso Mar Blau que no intervino "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen del proceso y que tampoco sabe "nada de él". Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha sido interrogado acerca del contrato por el que el Club Marítimo de Mahón, el segundo puerto mas grande de Europa, debía ceder de forma presuntamente irregular a Teinver, perteneciente a Trapsa, 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta empresa se retirase del concurso. "No conocía el valor económico del contrato", ha aseverado el empresario. Sí ha apuntado, sin embargo, al entonces consejero delegado del grupo, Juan Manuel Domínguez, también imputado en esta causa, como la persona que elaboró el contrato y "era quien tomaba las decisiones".

Díaz Ferrán ha manifestado además que por aquella época, el contrato fue rubricado en octubre de 2005, estaba "muy desvinculado" de estas empresas. De hecho, en Teinver ha asegurado que "directamente" no tenía ninguna participación sino a través de otras sociedades en un porcentaje que "no llegaba al 50%". Según las investigaciones, mediante este contrato se alcanzaba un acuerdo con el Club Marítimo para que éste, pese a haber quedado segundo en el concurso de amarres, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación. Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato. Tal y como consta en uno de los oficios incluidos en el sumario del caso, fue el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Juan Verger, quien propuso esta solución al presidente del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, a fin de evitar que su oferta quedase en segundo lugar del concurso y que Trapsa renunciase a la primera posición en que había quedado, a cambio de recibir como contrapartida el dinero y los amarres.

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