El Gobierno británico pone en venta el servicio público de correos

Si quedaban pocos servicios por privatizar en Reino Unido, el Gobierno de la coalición entre conservadores y demócratas que llegó al poder en mayo se propone ahora vender Royal Mail, la empresa estatal de correos y un símbolo del que un día fuera el imperio británico. La razón de esta medida, que retoma un proyecto del anterior gabinete de Gordon Brown tras el frustado intento por colocar en el mercado un 30% de Royal Mail hace unos años, ha sido un informe independiente que asegura que la empresa es inviable si no recibe una inyección de capital privado ante la constante caída del negocio, el coste de su plan de pensiones y los bajos niveles de eficiencia en el reparto. Los sindicatos han reaccionado con duras críticas al anuncio.

Según el informe elaborado por el antiguo ejecutivo Richard Hooper, el volumen de envíos caerá un 40% durante los próximos cinco años, lo que sumado a los lastres que suponen un fondo de pensiones deficitario -acumula un resultado negativo de 12,3 millones de libras (14,8 millones de euros), poca inversión, aumento de la competencia y un sistema de trabajo no demasiado eficiente dibujan un horizonte pésimo para Royal Mail.

Por este motivo, el Ejecutivo de David Cameron, que según el informe debería hacerse cargo del coste del fondo de pensiones con dinero del erario público, ha confirmado la medida, que ya estaba incluida en el pacto de Gobierno de la coalición.

Una parte para los trabajadores

Entre sus planes está que una parte no especificada de las acciones de la nueva Royal Mail se quede en manos de los trabajadores, lo que no ha evitado las críticas de los sindicatos. La empresa pública da trabajo a unas 155.000 personas. Billy Hayes, secretario general del sindicato mayoritario, ha denunciado que "las privatizaciones es una política del pasado que ha dejado en evidencia el fracaso de los políticos" durante los últimos años.

En opinión de este líder sindical, la venta de Royal Mail al mejor postor se sumaría al rosario de privatizaciones que se han llevado a cabo en Reino Unido desde la época de Margaret Thatcher que "han empeorado los servicios públicos del país y han supuesto un fuerte incremento de precios para los consumidores". Además, ha puesto de relieve que, como ya pasó con los autobuses urbanos, que dejaron de lado a núcleos urbanos alejados del centro porque estas rutas no eran rentables para colapsar las principales avenidas de las ciudades, podría provocar que algunos pueblos se quedaran sin servicio.